Desde la década de 1950 el país clamaba por resolver el inmenso problema de un sistema de reparto injusto, insolvente e insostenible. Un hito fue el informe de 1964 de la Comisión dirigida por el exministro de Hacienda Jorge Prat que concluyó afirmando que ese sistema era “la mayor estafa perpetrada contra el pueblo chileno”.
 
El presidente Eduardo Frei Montalva acusó al sistema de reparto estatal como el gran problema pendiente de Chile. En su último Mensaje a la Nación en 1970, lo culpó de haber creado un destructivo “nuevo feudalismo” en Chile y lanzó un lamento desesperado: “La reforma de la previsión resulta más difícil de impulsar que la propia reforma agraria” (ver extracto de este Mensaje en el Dossier).

El 4 de noviembre de 1980, Chile resolvió este gran problema con una reforma estructural que revirtió la falla profunda del sistema de reparto: la destrucción del lazo esencial entre aportes y beneficios, en último término entre esfuerzo y recompensa. Ese día se firmó la ley fundacional del actual sistema de capitalización, el DL 3.500, y se aprobó una transición justa y viable a través del DL 3.501. Como lo calificó el titular de un diario, utilizando un conocido refrán popular: “Se le puso el cascabel al gato”.

En estos 40 años el sistema de capitalización ha logrado la mayor creación de riqueza para los trabajadores chilenos en la historia del país. En efecto, de los $250.000 millones de dólares que se han acumulado en las cuentas individuales, un 72% ha sido generado por la rentabilidad que hizo posible la capitalización. Y ha sido tan efectiva la regulación de seguridad del sistema que en cuatro décadas nunca ha sido víctima de fraude, robo o malversación. Entonces, en las dos métricas claves de este sistema, rentabilidad y seguridad, este ha tenido un resultado excelente.

Por otra parte, para la economía chilena los beneficios han sido extraordinarios. Desde ya, evitó la quiebra del Estado y eliminó la deuda pensional que alcanzaba al 100% del PIB. También promovió el empleo al eliminar el alto impuesto al trabajo, elevó el ahorro y la inversión, creó un mercado de capitales moderno, proveyó a millones de familias con créditos hipotecarios de largo plazo y bajas tasas de interés, financió las obras de infraestructura privada que le han cambiado la cara al país y mejoró la conducción de las empresas (ver “Las AFPs y los gobiernos corporativos” en Dossier). Todo esto aumentó la tasa de crecimiento económico y potenció el progreso social, transformando así al sistema de capitalización en un pilar fundamental del desarrollo del país.

Estas realidades explican el amplio acuerdo entre los economistas y expertos acerca de la superioridad del sistema de capitalización y la inviabilidad del sistema de reparto. Este consenso técnico es tan fuerte que incluso dos comisiones designadas por la presidenta Bachelet han concluido no solo por recomendar la mantención del sistema de capitalización, con los siempre necesarios ajustes operacionales y paramétricos, sino incluso por extenderlo a los independientes (Comisión Marcel, 2008) y a las Fuerzas Armadas (Comisión Bravo, 2016).

Ha quedado demostrado, una vez conocidas las cifras sobre densidad de cotizaciones, que la causa de las bajas pensiones de una parte de los jubilados es la insuficiencia de sus aportes y no una falla del sistema.  Es lamentable pero también inevitable que quien no ahorra de manera regular no puede obtener los beneficios completos del sistema.

Por eso esta revista ha insistido tanto en la necesidad de formar una “Comisión Anti-Lagunas” que detecte con rigor las causas de esta falla del Estado y logre de una vez que se hagan los cambios necesarios en las políticas laborales y asistenciales que están produciendo esas bajas pensiones.

En el necesario debate sobre cómo ir perfeccionando el sistema a la luz de los cambios demográficos, tecnológicos y económicos, siempre existirán múltiples propuestas. El desafío de política pública es distinguir aquellas que mejoran detalles del sistema, como la de José Pablo Arellano, exministro de la Concertación y miembro de Cieplan (ver Dossier), de aquellas que lo distorsionan y empeoran (ver “Desde España por la capitalización” en Dossier).

Cabe destacar que durante estos tiempos del coronavirus, el sistema de cuentas de ahorro para la cesantía, hijo del sistema de pensiones de capitalización, ha sido utilizado correctamente por el gobierno para atenuar el costo social de la pandemia.
 
Es imposible un testimonio más elocuente del éxito del sistema que el hecho que 30 países hayan adoptado el modelo chileno al introducir pilares de capitalización, totales o parciales, en sus sistemas de pensiones y que el Banco Mundial lo haya recomendado por todo el mundo (ver Economía y Sociedad Nº 98, enero - marzo 2019). Como afirmó el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, el sistema chileno fue “un cambio revolucionario y ha sido un hito en el desarrollo de sistemas de pensiones en el mundo, habiendo inspirado cambios en la misma dirección en decenas de países”.

Es un hecho que todos los gobiernos que ha tenido Chile en los últimos 40 años han consolidado con sus acciones el sistema de capitalización. Concluida la transición a la democracia contemplada en la Constitución de 1980, tres ministros claves del presidente Aylwin -Alejandro Foxley de Hacienda, René Cortázar de Trabajo y Edgardo Boeninger de la Presidencia- mantuvieron y consolidaron el sistema de capitalización.

Tras 12 años de administración del sistema por la Concertación, el presidente Ricardo Lagos afirmó en una ceremonia en La Moneda que el gobierno y la sociedad civil se reunían para “celebrar un sistema exitoso (el de capitalización) y que ahora lo perfeccionamos porque vamos a tener 5 fondos”.

Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y enfrentado a la movilización impulsada por el Partido Comunista y su brazo callejero No+AFP, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre afirmó que el sistema de capitalización era “fundamental para la economía” y descartó de plano la posibilidad de volver a un “esquema piramidal” como aquel del reparto.

Solo el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio siguen presionando para expropiar los fondos de pensiones. En esta línea, el senador chavista Alejandro Navarro presentó el 24 de abril un proyecto de reforma a la Carta Fundamental para expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores y entregarle su manejo a la clase política. Téngase presente que cuando Navarro fue candidato presidencial el 2017 teniendo esa como su propuesta emblemática, obtuvo apenas 24.019 votos en todo el país.

El objetivo de este proyecto expropiatorio es realizar un acto de propaganda para que una eventual Asamblea Constituyente, si gana el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, pueda partir de esa base para realizar lo que en Argentina hicieron los Kirchner y que se calificó como “el robo del siglo”.

Es por lo tanto una demostración del éxito del  sistema de capitalización el hecho de que, tras ocho gobiernos de todas las tendencias y pese a variadas crisis económicas, el sistema siga intacto en su concepción y pilares originales y al mismo tiempo flexible en sus detalles y parámetros. Sin duda debido a que el sistema ha beneficiado enormemente a 11 millones de trabajadores y los ha transformado en pequeños capitalistas.

Concluyamos con la verdad del tamaño de una catedral que ha proclamado John Mller, exsubdirector del diario español El Mundo:

“Chile tiene un sistema de pensiones que resuelve de manera casi óptima los problemas del sistema de reparto, pero que tiene en contra la propaganda de la izquierda mundial. Casi el 70% del dinero que hay en los fondos de pensiones es fruto de la ganancia por rentabilidad. El problema es que los ahorros de los trabajadores se benefician del capitalismo y eso es, para la izquierda, como el canibalismo”.