Asumí como Ministro de Minería en diciembre de 1980 con el desafío de abrir a la iniciativa e inversión privada el sector clave de la economía chilena.

 

Este sector estaba bloqueado por la reforma constitucional del presidente Allende en 1971 y por la mantención de ese bloqueo en la Constitución aprobada en septiembre de 1980.

 

Esta edición extraordinaria de Economía y Sociedad explica cómo encontramos la solución a este problema que parecía imposible de resolver.

 

La solución al “drama minero” se logró con la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley Nº 18.097), aprobada el 1º de diciembre de 1981 (llamada “Ley Minera”).

 

Esta Ley Minera es una ley sobre el derecho de propiedad, pilar de la libertad, y nació de la necesidad de restablecer ese derecho en el área más crucial de la economía chilena.

 

Cabe destacar que una vez aprobada la Ley Minera, y aprovechando la crisis económica de 1982-83, políticos demócratacristianos lideraron una brutal ofensiva contra ella. En estas declaraciones es posible constatar la extrema demagogia de esos ataques: “La Ley Minera es un crimen que no tendrá perdón en la historia. Es más grave que la entrega de la Patagonia a los argentinos” (Enrique Krauss, La Tercera, 8.9.83); “Es el mayor crimen contra Chile desde O’Higgins” (Radomiro Tomic, Hoy, 6.9.83).

 

Fue Margaret Thatcher quien sostuvo en los 90 que el deber de su Partido Conservador en el Reino Unido era hacer todo lo posible por mantenerse en el poder “hasta que los opositores entren en razón y sean capaces de gobernar”. ¿Se imaginan en Chile una transición adelantada a 1983 y este grupo de políticos gobernando? Habría sido sin duda el fin del proyecto de Chile desarrollado y libre. Las normas redemocratizadoras de la Constitución de 1980 impidieron esa catástrofe y crearon el espacio de tiempo necesario para el éxito de la transición (ver mi libro Una Casa de Libertades. Cómo construimos una democracia madisoniana en Chile, 2025).

 

A partir de la Ley Minera de 1981, en Chile se disparó un “cohete” de inversión y producción minera privada que explica una parte relevante del crecimiento y desarrollo logrado por el país en los últimos 45 años.

 

La epopeya de la Ley Minera enseña que las reformas correctas que hacen grande a Chile hay que hacerlas. Aunque sea contra viento y marea.