La importancia de reducir el gasto público

Por Carlos Gómez, MBA Universidad de Chicago y profesor universitario

Para aumentar la inversión privada a niveles en torno a 30% del PIB que tenía cuando el país crecía sobre el 7%, es esencial reducir los impuestos a las empresas, al menos a su nivel de 17% que tenían en 2010.

Para bajar los impuestos y devolver al sector privado el protagonismo en el desarrollo, es indispensable reducir el gasto fiscal. El aumento de los impuestos desde 2010 se destinó a financiar muchos nuevos y viejos programas de dudosa eficacia. Recientemente, sobre la base de un universo acotado de programas estatales, el BID identificó un gasto público ineficiente de $6.000 millones de dólares anuales. Otros estudios estiman que, de un total de $74.000 millones de dólares, el gasto público de dudosa eficacia alcanza a los $20.000 millones.

Por ejemplo, entre 2009 y 2019, se gastaron $15.000 millones de dólares en subsidios al transporte público y en aportes “espejo” a las regiones, de los cuales $8.000 millones subsidiaron a las empresas privadas de transporte de la región Metropolitana. Antes del Transantiago, el sistema privado cumplía su objetivo de transportar a un bajo costo y en un mínimo tiempo, era rentable y pagaba impuestos.

El Estado austero que acompañó y facilitó el crecimiento y el progreso del país, fue suplantado por un Estado interventor que asfixió y dificultó la inversión y el crecimiento de Chile. El Estado profundizó su intervención en la economía y creó una frondosa regulación que ahogó al sector privado. El gasto público aumentó de un 15,8% del PIB en 2006 a un 24,3% en 2019. El estallido de octubre y la pandemia lo elevarán a 29% en 2020, el doble que en 2006.

En los últimos 10 años se crearon 6 ministerios, cada uno con sus subsecretarías, con sus 16 secretarías regionales ministeriales y con más gastos generales, más personal y más burocracia. A modo de ejemplo, en el recuadro se aprecia el derroche fiscal en gastos exhorbitantes de los ministerios en periodistas y comunicaciones.
Entre 1990 y 2020 el gasto público real se multiplicó 6 veces. El empleo fiscal se multiplicó 3 veces llegando en la actualidad a cerca de 1.000.000 de funcionarios estatales quienes, además de ser inamovibles en la práctica, ganan, según estudio de Flacso de 2017, 23% más que sus pares del sector privado y consumen el 23% del presupuesto. Si le sumamos el gasto en bienes y servicios y los gastos fijos de los organismos estatales, la burocracia consume el 50% del gasto del Estado. Es decir, de cada $1 peso de gasto público, solo la mitad llega a las personas. La otra mitad se pierde en burocracia. Recientemente, el ministro Briones resumió este problema al señalar: “Debemos sacarnos de la cabeza que el Estado es una agencia de empleo”.

De los pocos programas estatales que se evalúan, que representan solo el 4% del gasto público, el 60% reprueba los exámenes básicos de eficiencia y focalización. Sin embargo, ninguno de estos programas mal evaluados ha sido eliminado y en varios de ellos el gasto ha sido aumentado.
 
La multiplicación del Estado ha generado un grave deterioro de las finanzas públicas. Pese al aumento sustancial de las tasas de impuestos a partir de 2010, los ingresos del Estado disminuyeron de 24,2% del PIB en 2008 a 21,4% en 2019. El déficit fiscal alcanzó a 2,8% del PIB en 2019 y llegará a 10% del PIB el 2020. Por otra parte, el financiamiento de los continuos y crecientes déficit fiscales ha disminuido los ahorros del Estado y ha aumentado la deuda pública, que subió de 5% del PIB en 2007 a 28% en 2019 y alcanzará a 35% en 2020.

Con una nueva mirada anclada en el crecimiento económico y en la inversión privada, hay que repensar la estructura y el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, una economía y sociedad compleja y desarrollada, tiene apenas 15 ministerios. Chile, con un 45% del PIB por persona de Estados Unidos y un 6% de su población, se da el lujo de tener 24 ministerios, 35 subsecretarías y 384 secretarías regionales ministeriales, además de los jefes de servicios nacionales y regionales con todo el gasto burocrático asociado. Y con un alto riesgo de duplicar aún más funciones y gastos con los nuevos gobernadores.  

También hay que reestructurar el servicio exterior con sus 170 embajadores y cónsules, con sedes diplomáticas ubicadas en los barrios más costosos de cada ciudad y un enorme gasto asociado en personal diplomático que la mayoría de las veces responde al pago de favores políticos. En la era de las comunicaciones digitales, un servicio exterior basado en la presencia física es un caro anacronismo. Países desarrollados como Noruega tienen embajadores itinerantes con un alto grado de flexibilidad y un significativo menor gasto.  
 
Pero una reingeniería profunda del Estado implica abrir espacios a la gestión y eficiencia privada en las principales áreas de gasto. En Salud, que abarca el 20% del presupuesto fiscal, es posible incorporar gestión y tecnología, regulaciones razonables y libertad de elección pero, por su naturaleza, el Estado debe mantener un rol relevante.

Sin embargo, Educación, sector que tiene la más alta participación en el gasto público, con un 25%, admite cambios profundos. En la educación básica y media, reteniendo el rol de la educación pública, es esencial consagrar la libre elección del colegio por parte de los padres y la libre opción privada de constituir escuelas donde se necesiten, eliminando el monopolio estatal que las últimas leyes consagraron.

En la educación superior debe acotarse la gratuidad, cara e injusta al no requerir pago alguno a quienes más ingresos tendrán en el futuro. Y es esencial disminuir los costos para el Estado y para las familias de  la educación superior que, en términos relativos a su calidad, es más cara que los college norteamericanos lo que es un evidente contrasentido. A las universidades hay que incentivarlas, como en el caso de Purdue University en Estados Unidos, a financiar a sus propios estudiantes y recuperar esa inversión con un porcentaje del sueldo del alumno, siempre que este encuentre trabajo, lo cual sería un potente incentivo para formar profesionales de calidad en las áreas que tienen campo laboral demandado por la sociedad (ver “Solución a la deuda estudiantil”, Economía y Sociedad Nº 103, Abril - Junio 2020).

También es necesario disminuir la duración de las carreras, dejando las especialidades para estudios superiores de diplomado o magister.

En esta modernización de la educación chilena hay un espacio relevante para reducir los gastos del Estado y mejorar significativamente la calidad.

Por otro lado, cada cierto tiempo, todos los servicios del Estado deberían justificar su existencia, que se conoce como “sunset clause”, para evitar la inercia institucional y la inflación regulatoria.
 
La catástrofe del desempleo es una oportunidad para reducir el gasto fiscal en beneficio de un Estado fuerte y moderno que facilite y promueva la inversión privada y el crecimiento económico, el aumento del empleo y el incremento de los salarios. La extensa y profunda crisis del Estado requiere de medidas extraordinarias y urgentes.