Editorial

Abril - Junio 2020

¡Detengan la locura constituyente!

Rendirse ante la violencia de la izquierda para crear una nueva Constitución desde “una hoja en blanco” es el error más grave que ha cometido un gobierno en los últimos 30 años.

Persistir en ese error en una situación económica y social agravada por la pandemia del coronavirus sería una verdadera locura política. Significaría 2 años de incertidumbre mientras una Asamblea Constituyente redacta una nueva Carta Fundamental y 20 años de estancamiento e inestabilidad social si en ella se debilitan los pilares económicos que han permitido 40 años de prosperidad (ver Editorial en Economía y Sociedad No 102, Enero-Marzo 2020).

La pandemia está generando pérdida de vidas, miedo y angustia, paralización de actividades, quiebra de empresas, desempleo y profundizando la crisis económica originada por el estallido de violencia. El Banco Central puso el dedo en la llaga cuando afirmó que “el desempeño de la economía desde octubre a la fecha otorga un frágil punto de partida para enfrentar la pandemia”. Solo a título de ejemplo, un sondeo empresarial del sector comercio, servicios y turismo, donde 450.000 pymes dan 1.500.000 de empleos, entregó un dato aterrador: “El 87% de las empresas del comercio dice no poder sobrevivir más de tres meses sin ventas”.

En este desolador escenario hay una certeza: tarde o temprano se testeará a todas las personas, se aislará solo a los infectados, se producirán suficientes ventiladores, se desarrollarán efectivas terapias de tratamiento y se descubrirá una vacuna. Como lo afirmó el economista Ricardo Caballero, es un motivo de esperanza comprobar “el enorme capital humano dedicado a resolver este problema. La pesimista predicción de Malthus falló por un gran margen porque no contó con la creatividad humana para resolver obstáculos”.

El problema es que mientras el mundo se recuperará con fuerza a partir del segundo semestre, un Chile en recesión, con alto desempleo e ingresos deteriorados, se enfrentará al plebiscito de entrada al proceso constituyente convocado para el 25 de octubre. ¿Cabe alguna duda de que la polarización del 2019 resurgirá con fuerza alimentada por la demagogia inevitable que permeará la franja televisiva? Además, si ganara la opción Apruebo, se estará redactando una nueva Constitución en medio de la campaña presidencial y parlamentaria del 2021. Es la tormenta perfecta para una economía ya fragilizada por la violencia y la pandemia. Y es la peor combinación imaginable para que repunten la inversión, el empleo y el crecimiento.


Es fundamental destacar la decisiva importancia que tuvo el derrumbe del crecimiento a partir del 2014. Cuando se desancló injustificadamente la tasa de impuesto a las empresas el 2010, se inició el camino a su alza de 60% (de 17% a 27%), lo que desplomó la inversión y el crecimiento. Como señaló el exconsejero del Banco Central Jorge Desormeaux “durante los últimos 30 años, Chile creció a tasas levemente superiores al 5%. Entre 2014 y 2017, el crecimiento se redujo a 1,8%. Además, se agrega una migración gigantesca de más de un millón de personas”. El expresidente del Banco Central Vittorio Corbo agregó, “seis años de bajo crecimiento económico frustró muchas expectativas de los chilenos. Muchos se endeudaron en ese período y ahora están agobiados. Esto es una explosión contra el sistema político”.

En efecto, entre 2013 y 2019, la inversión cayó desde un 25% del PIB a un 21% y el PIB por persona no creció. Ello creó una brecha gigantesca entre las expectativas de un país que crecía al 5%, con la realidad de un país cuyo ingreso por persona se estancó por 6 años. Desde la crisis de octubre hasta antes del coronavirus, 400.000 personas perdieron su empleo. Ello llevó al empleo informal a su máximo histórico de 29% del empleo, equivalente a 2.600.000 personas. Entre octubre y febrero, el consumo, las importaciones y la inversión se desplomaron.

A partir de marzo, con el inicio de la crisis del coronavirus y las cuarentenas impuestas por la autoridad, el país sufre una contracción económica adicional. En su IPoM de marzo, el Banco Central señala que “el escenario económico que enfrenta Chile ha sufrido un empeoramiento drástico” y reduce la proyección de crecimiento del PIB para 2020 desde 1,2%, producto de la crisis de octubre, a una caída de entre 1,5% a 2,5%, como consecuencia del coronavirus. El FMI es aún más pesimista y cree posible una reducción de 4,5% del PIB el 2020.

El deterioro económico provocado por el coronavirus es por esencia temporal. Pero el costo humano del proceso constituyente podría ser permanente y dramático pues truncará violentamente los sueños de los chilenos por continuar mejorando sus ingresos y su calidad de vida: adquirir la vivienda propia, tener más tiempo libre, acceder a los bienes tecnológicos, mejorar su educación con diplomados y magísters, iniciar un emprendimiento, planificar vacaciones en el exterior, y tantas otras experiencias que antes les eran inaccesibles. Todos estos sueños se postergarán y frustrarán a los millones de chilenos que han sido testigos de cómo nuestro país se convirtió en el más exitoso de América Latina.

Lo más irracional es que este tremendo costo humano lo provocaría un proceso constituyente que nace debido a la confusión creada por una gran mentira histórica. Por 30 años, la clase política ha desconocido, incluso ocultado, que la actual Constitución hizo posible la exitosa transición pacífica a una democracia (ver en el Dossier “La Constitución redemocratizadora”). Que sus disposiciones fueron  cumplidas estrictamente por el gobierno del Presidente Pinochet (ver “La Constitución respetada”). Que la Constitución reformada tras un gran acuerdo en 1989 fue aprobada por un 91% de los ciudadanos en un plebiscito ejemplar (ver “La Constitución plebiscitada”). Y que ella ha sido ajustada más de 300 veces usando sus propias normas y casi siempre con el voto unánime en el Congreso (ver “La Constitución perfeccionada”).

La postergación del plebiscito del 26 de abril hasta el 25 de octubre y el congelamiento de la violencia callejera, ambas forzadas por el coronavirus, abren una ventana de oportunidad para que prime la racionalidad y se evite profundizar y extender aún más la crisis económica.


Nuestra propuesta concreta es detener el proceso constituyente en marcha. Desde ya hay tres causales que la ciudadanía comprendería perfectamente: el proceso nació viciado por la violencia, la regla acordada de “la hoja en blanco” es una insensatez del tamaño de una catedral, y su prolongada y polarizada gestación provocará un daño adicional que puede ser mortal para la economía y la calidad de vida de los chilenos. El Congreso podría, dentro de este mismo año, hacer un esfuerzo extraordinario para perfeccionar la Constitución buscando acuerdos marcados por la racionalidad política y la amistad cívica.

Aunque Chile no podrá evitar estos meses de cuarentena económica debido al coronavirus, detener el proceso constituyente evitará una “cuarentena” de 2 años de la inversión y quizá una “cuarentena” de 20 años del crecimiento si, como es altamente probable, resulta una mala Constitución.

Si una ciudadanía angustiada pudiera enviarle un solo mensaje al gobierno y a la clase política, de seguro se sentiría interpretada por las palabras de Oliver Cromwell al sínodo de la Iglesia de Escocia el 5 de agosto de 1650: “Os imploro, por las entrañas de Cristo, que consideren que podrían haberse equivocado”.

El golpe constituyente

“El evento más importante, más radical y sustantivo de la crisis ocurrió el 12 de noviembre, el día más violento hasta hoy. Esa mañana, todos los partidos de oposición, desde el Comunista a la Democracia Cristiana, habían firmado una declaración pública a favor de una Asamblea Constituyente, afirmando que “la ciudadanía movilizada”, la calle (no los electores que conforman la ciudadanía tradicional), había “corrido el cerco de lo posible” y que requeríamos una nueva Constitución “emanada” de esa misma “ciudadanía movilizada” para “establecer un nuevo modelo político, económico y social” y que “el proceso constituyente ya estaba establecido por la vía de los hechos”.

En suma, la soberanía popular ya no residía en la Nación, sino en aquellos que se movilizan violentamente, y los problemas no se resuelven por medio de la deliberación democrática, sino por la vía de los hechos consumados.

Y de aquella declaración, lapidaria para la democracia, porque significa una transformación sustancial de las estructuras de poder y el abandono, por parte del Congreso, de su responsabilidad a manos de los manifestantes en la calle, ha nacido el actual proceso constituyente.”



Lucía Santa Cruz, historiadora (El Mercurio, 14.2.20)