Voces

Octubre - Diciembre 2019

Contra la demagogia previsional

Francisco Pérez, empresario y MBA, Universidad de Chicago.

“Proponer un ente intermediario estatal, de eficiencia desconocida, que buscará licitar la gestión de los ahorros, restringiendo la competencia por razones ideológicas, perjudica a los trabajadores. Es mala idea porque:

1. Aunque se pretende traspasar parte de los costos a las AFP sin pagarles, lo que es una expropiación sin compensación, estos se incrementarán.
 
2. Valida las “fake news” emitidas por “No+AFP” en cuanto a que éstas no manejan bien los fondos, lo que es falso al constatar las altas rentabilidades obtenidas y las bajas comisiones. Las comisiones de las AFP equivalen a 1/3 de las cobradas por los otros administradores de fondos, locales y extranjeros. La rentabilidad acumulada por el sistema desde sus inicios se empina al 8% real, muy por sobre el 4% esperado originalmente, superior a lo que ha sido el retorno del portafolio mundial, y tres veces más que la tasa de las rentas vitalicias.

3. Restringe inexplicablemente la competencia pues excluye a las AFP.

Creo que lo que hay que hacer es fomentar la competencia entre administradoras privadas, con libre elección. Incluso me parece preferible la AFP estatal al “ente” en que cada uno decida por el 100% de su ahorro previsional (todo el 14%). ¿Por qué no virar en esa dirección y que sea la mayor competencia la que, acompañada de más ahorro y el pilar solidario, traiga mejores pensiones?”

(La Tercera, 23.6.19)

Diario La Tercera. 


“El resultado de tener que adecuar la propuesta de reforma a las exigencias de la oposición ha sido lamentable. Se ha buscado acotar el tipo de empresas que pueden participar en la gestión de los fondos que se recaudarán con el 4% de cotización adicional con el solo objeto de satisfacer otra demanda opositora, cual es evitar que estos dineros puedan ser administrados por las AFP. El efecto de excluir a las AFP será la necesidad de cancelar comisiones a nuevas empresas, adicionales a las que ya se pagan a las AFP, que en último término saldrán de las remuneraciones de los trabajadores.

El programa del gobierno consideraba una AFP estatal, algo innecesario pero menos absurdo que crear una nueva entidad estatal para hacer respecto del 4% lo que el Estado ya hace para el 10%; o que aceptar financiar nuevas empresas privadas para gestionar ese 4%, cuando ya existen las instituciones privadas que lo habrían hecho sin cargar comisiones, porque ya gestionan el 10%.

Se aprecian esfuerzos del gobierno por contener el daño. Pero resulta necesario definir hasta dónde llegar en un proceso que está desnaturalizando el sistema, sin logros obvios a cambio. La oposición mantiene otras demandas muy dañinas para financiar acciones redistributivas. Esto tendría el carácter de un impuesto al trabajo que exacerbaría la evasión previsional, en un sistema que ha probado funcionar bien para quienes cotizan con regularidad, pero que ha visto su acción limitada por la informalidad en el mercado laboral.”

(Editorial, La Tercera, 22.6.19)

Diario El Mercurio.


“La discusión se ha desviado hacia una solución que técnicamente no se justifica. En un esquema centralizado como el que se propone, ¿qué podrían hacer los cotizantes si el ente público hace un trabajo deficiente en la selección de administradores? El diseño propuesto los deja en completa dependencia de la buena o mala gestión que ese nuevo organismo pueda desarrollar. La apertura a múltiples instituciones para administrar estos fondos podría generar mayor competencia y abaratar algunos de estos cargos, pero es aquí donde la regulación pasa a ser clave. 

La existencia de giro único en el sistema de AFP busca, entre otras cosas, cautelar los conflictos de interés. Es posible que la coexistencia de carteras pueda llevar a realizar operaciones en contra de los fondos de pensiones y a favor de otros fondos administrados. 

No se entiende la exclusión de las AFP como posibles administradoras del 4%. No es razonable que el proyecto permita al ente público subcontratar a compañías de seguros, administradoras generales de fondos, cajas de compensación y, eventualmente, bancos -con evidentes conflictos de interés-, y deje de lado a aquellas instituciones especializadas en la administración de fondos de pensiones, cuya rentabilidad y seguridad han sido altas y cuya regulación busca evitar los referidos conflictos. 

El proyecto se sostiene sobre posiciones dominadas por la ideología o la consigna.”

(Editorial, El Mercurio, 23.6.19)