Un Estallido Institucional

Una Crisis Institucional

Hace nueve meses, se iniciaba una ola de violencia que  buscó desestabilizar la democracia y echar abajo las bases del progreso alcanzado por Chile. Ahora, sin acciones físicas, pero forzando la institucionalidad al grado de torcer su sentido, se ha saltado a otra etapa en ese proceso de pretendida demolición.

Se ha recurrido al inédito expediente de, mediante la aprobación de artículos transitorios en la Carta Fundamental, intentar imponer al Gobierno la ejecución de una determinada política pública. Definido como un “resquicio” incluso por analistas de oposición, tal acto legislativo implica graves desviaciones constitucionales de forma y fondo.

¿Qué puede haber llevado a la Cámara a tramitar entonces como reforma constitucional un proyecto cuya materia es indiscutiblemente de ley y que rigidizará con minucias la Carta Fundamental? La respuesta la dieron algunos parlamentarios: evitar la inadmisibilidad del proyecto, porque el tema es de iniciativa exclusiva presidencial. Esta forma abierta de proceder para evadir tal exclusividad no tiene precedente tan notorio en la historia reciente de Chile.

Una segunda y aún más grave distorsión es de quorum, y se materializa cuando los impulsores del proyecto lo presentan como un artículo “transitorio”. ¿Qué hace esta moción instalándose en el articulado transitorio de la Ley Suprema, cuando es materia propia del derecho a la seguridad social, Capítulo III del articulado permanente? Nuevamente la desviación parece explicarse por un incentivo formal: rebajar el quorum de 2/3 de parlamentarios en ejercicio que le corresponde y aprobarse por solo 3/5 de ellos. Es decir, evadida la iniciativa exclusiva presidencial por el expediente de usarse una reforma constitucional, ahora, en lugar de llevarse al sitio que le es propio -el derecho a la seguridad social-, el retiro del 10% se presenta como “transitorio”, con el pretexto de estar asociado solo a la duración de la pandemia.

De ahora en adelante, bastará pues incorporar algún plazo cualquiera en regulaciones de derechos constitucionales para bajar críticamente el quorum de aprobación e instalarlas de esa forma en el máximo sitial jerárquico de Chile. Este, por cierto, no es el sentido del articulado transitorio. Estos preceptos contienen disposiciones que protegen o adaptan en el tiempo las instituciones o principios del articulado permanente, que son una excepción o que se ven alcanzadas por este. Jamás la Carta podrá acoger la regulación de un derecho constitucional aquí. Así, este proyecto legará un permanente daño institucional.

Jorge Correa Sutil, exsubsecretario del Interior del presidente Lagos y profesor de Derecho Constitucional Universidad Diego Portales (El Mercurio, 11.7.20; Extracto)

Editorial Semana Política (El Mercurio, 12.7.20; Extracto)

Voces Estallido Institucional

Julio - Septiembre 2020

Si el 18 de octubre simboliza la crisis social, lo del miércoles pasado asoma como el hito que marca el comienzo de otra crisis: una institucional, y de proporciones. La que se soltó el miércoles es una tuerca situada en el corazón del motor que bombea el sistema político.

El régimen político chileno es presidencial. Para funcionar con un mínimo de coherencia y eficacia, ese engranaje -el chileno, no cualquier sistema presidencial- ha necesitado que el presidente controle la agenda legislativa, particularmente que monopolice la iniciativa en materia de gasto público, incluida la cuestión previsional. Esa coherencia institucional, que está a la base de nuestro Estado de Derecho, se fue construyendo en una larga historia de experiencias, fracasos y lecciones.

La Cámara de Diputados ha encontrado un resquicio para ensayar lo que un senador ya designara como un “parlamentarismo de facto”.

Ello consiste en que los beneficios sociales -en este caso, uno previsional- se fragüen en el parlamento, no como iniciativas legales, sino como reformas constitucionales, pues en materia constitucional, no hay iniciativa exclusiva del Presidente.

Esos 3/5 que pueden sumarse en el Congreso no son una coalición coherente. Esa mayoría puede entonces desarmar cosas, pero difícilmente será capaz de reemplazarlas. El episodio del miércoles lo demuestra con entera claridad. El grupo desarma, por ahora solo en parte, el sistema previsional de capitalización individual, pero no logra y probablemente nunca logrará ponerse de acuerdo en un sistema previsional de reemplazo. El resultado es la no previsión; una apelación vaga a que el hoyo que deja el retiro sea llenado más adelante, sin precisar ni por quién ni cómo. Ese resultado no es en absoluto casual.

El símbolo del “parlamentarismo de facto” debiera ser el hacha  o si se quiere, ahora sí, la retroexcavadora. Ningún edificio, ninguna obra, surgirá de él.

El parlamentarismo puede ser un sistema virtuoso. Solo que necesita funcionar bajo ciertos supuestos, mecanismos e incentivos que no son los actuales. El de facto, regido por reglas presidenciales, no funciona, salvo como instrumento de demolición.