La justificación moral para que el Estado reduzca la desigualdad de ingreso es débil, a diferencia de la obligación moral que todos sentimos por ayudar a personas en estado de pobreza. Ello ocurre porque, naturalmente, las personas son desiguales no solo en ingreso sino en muchas otras dimensiones como el atractivo físico, el estado de salud, habilidades para distintas actividades profesionales o la actitud ante las oportunidades de la vida.

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Algunos eligen ser profesores en lugar de ejecutivos, porque prefieren disponer de más tiempo con su familia que tener más ingreso. Pero ambos, a pesar de su manifiesta desigualdad de ingreso, pueden estar igualmente bien en un sentido profundo.

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Por otra parte, con el notable avance de la tecnología, las personas disfrutan gratuitamente de la disponibilidad universal de innovaciones tecnológicas lo que, pese a tener ingresos muy diferentes, incrementa la igualdad material entre ellas. El acceso al conocimiento y a la entretención son dos bienes gratuitos disponibles en enorme abundancia como nunca antes en la historia.

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Algunos sostienen que la desigualdad de ingresos tiene consecuencias negativas en la sociedad. Argumentan que las personas más ricas tienen una visión no representativa de la sociedad y una influencia desproporcionada. Pero la evidencia muestra que su influencia es significativamente menor comparada con aquella de académicos y periodistas que, teniendo ingresos muy superiores a la mayoría de la población, son por lejos los más influyentes y, mayoritariamente, con visiones asociadas a la izquierda. 

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La prensa define la agenda del país mucho más que los empresarios o las personas de mayores recursos. La prensa decide qué noticias son importantes y cuál es el sesgo político con que las presentan. A su vez, los profesores universitarios, especialmente de las humanidades y las ciencias sociales, influyen en forma determinante en qué historia se enseña y qué es lo políticamente correcto, todo lo cual influye en nuestro imaginario social.

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Las políticas públicas para reducir la pobreza se pueden focalizar eficientemente en los más pobres y utilizar los impuestos de manera transparente y medible. Pero reducir la desigualdad de ingresos es un objetivo difuso. Además, las desigualdades se producen precisamente en las sociedades en que existe mucha riqueza e ingresos. Así, redistribuir supone necesariamente reducir los ingresos y la riqueza, lo que atenta contra los incentivos para invertir y crecer. Las consecuencias son que la sociedad tiende a estancarse económicamente y el gobierno dispone de menores recursos para combatir la pobreza.

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Enfocar la acción del gobierno en reducir la desigualdad de ingresos invade los derechos y las libertades de las personas. Por ejemplo, la política educacional “redistributiva” tiende a expandir la educación pública, generalmente de mala calidad, en perjuicio del derecho de las personas a educar a sus hijos en escuelas privadas de mejor calidad.

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El intento de crear una sociedad igualitaria también genera envidia de la riqueza y disminuye el espíritu emprendedor. El mejor ejemplo es Francia cuya oposición a la desigualdad de ingresos es parte de su credo nacional. El resultado es una sociedad menos emprendedora porque la generación de riqueza no es valorada. Y también resulta en una sociedad más conflictiva en la que ciertos grupos, en la creencia de que la reducción de la desigualdad de ingresos es un juego de suma cero -lo que le quito a uno lo gana el otro- utilizan la violencia para lograr sus objetivos.

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En fuerte contraste, la Constitución de Estados Unidos defiende y protege, sin ambigüedades, las libertades y los derechos individuales, entre ellos el derecho de propiedad, lo que ha prevenido que la igualdad de ingresos se convierta en objetivo social que atente contra la libertad. Así, Estados Unidos se ha transformado en la sociedad más exitosa de la historia.