Un examen de las normas propuestas revela que los colegios gestionados por privados se verían severamente afectados si llegara a aprobarse la propuesta constitucional, y sus proyectos educativos se verían fuertemente intervenidos. Los convencionales eliminaron la norma que establece que “la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Sin esta garantía constitucional no existe efectiva libertad de enseñanza y se concretaría el predominio del Estado en la educación”.