El argumento de la “ilegitimidad de origen de la Constitución” es absurdo. Para demostrarlo basta recordar que uno de los artífices de la Carta, el más destacado jurista DC, Alejandro Silva Bascuñán, a la sazón presidente del Colegio de Abogados, aportó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia número  LXX, de septiembre-octubre de 1973, los argumentos para estimar “legítimo” al gobierno militar, diciendo textualmente: “Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al gobierno anterior”. Luego, la Constitución que proponga un gobierno legítimo y apruebe el pueblo, es legítima. Además, en el plebiscito aprobatorio de la Carta en 1980 no había obligación de participar, pero lo hizo el 56 % de los ciudadanos, dos tercios de los cuales la aprobaron, en coincidencia con todas las encuestas de opinión, incluida la Gallup norteamericana. Esa Constitución tuvo el mérito de presidir los mejores treinta años de progreso de la historia de Chile, lo que habla mejor que nada de sus virtudes. Y si hubiera existido una brizna de invalidez en su gestación -la cual tomó seis años de análisis por parte de los más distinguidos juristas no-marxistas del país y de examen por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno- la objeción habría resultado superada por la ratificación de la Carta en otro plebiscito, el de 1989, acordado por gobierno y oposición, en que votaron 7.082.079 personas de una población de 12.707.000 (de nuevo el 56 % de la población) y donde el “Sí” triunfó con el 91,25 % de los votos. ¿Qué más ratificación y saneamiento quieren?”.