Para Segunda Lectura

Economía y Sociedad № 105
Octubre - Diciembre 2020

“Constitución acordada”

         Yo creo que a la Constitución se le pueden hacer reformas. Prefiero eso a crear una nueva Constitución. Antes de asumir yo la presidencia se hizo una primera reforma que negoció la Concertación con el gobierno militar, y hubo un plebiscito incluso. Tuvimos una negociación seria y llegamos a acuerdos. No soy partidario de estar cambiando las constituciones.  Si Ud. mira la Constituciones de Chile desde el siglo XIX, entre la Constitución de 1833 y la Constitución de 1925 hubo modificaciones, pero la Constitución del 25 no fue una nueva Constitución, porque muchos artículos se repiten textualmente como estaban en la Constitución del 33”.

Patricio Aylwin, presidente de Chile (Entrevista TV de Marcia Scantelbury, 2009)

“Constitución democrática”

        Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de  Chile. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Hoy despunta la primavera pues contamos con una Constitución que ya no nos divide. Esto es un logro de todos los chilenos, de los gobiernos que hemos tenido, de sus legisladores, de los partidos de Gobierno y oposición. Es el comienzo de una nueva etapa en la historia con una patria más grande, más unida, más prestigiosa, reconocida en el mundo”.

Ricardo Lagos, presidente de Chile (Discurso en La Moneda, 17 de septiembre de 2005)

“Constitución legítima”

          El argumento de la “ilegitimidad de origen de la Constitución” es absurdo. Para demostrarlo basta recordar que uno de los artífices de la Carta, el más destacado jurista DC, Alejandro Silva Bascuñán, a la sazón presidente del Colegio de Abogados, aportó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia número  LXX, de septiembre-octubre de 1973, los argumentos para estimar “legítimo” al gobierno militar, diciendo textualmente: “Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al gobierno anterior”. Luego, la Constitución que proponga un gobierno legítimo y apruebe el pueblo, es legítima. Además, en el plebiscito aprobatorio de la Carta en 1980 no había obligación de participar, pero lo hizo el 56 % de los ciudadanos, dos tercios de los cuales la aprobaron, en coincidencia con todas las encuestas de opinión, incluida la Gallup norteamericana. Esa Constitución tuvo el mérito de presidir los mejores treinta años de progreso de la historia de Chile, lo que habla mejor que nada de sus virtudes. Y si hubiera existido una brizna de invalidez en su gestación -la cual tomó seis años de análisis por parte de los más distinguidos juristas no-marxistas del país y de examen por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno- la objeción habría resultado superada por la ratificación de la Carta en otro plebiscito, el de 1989, acordado por gobierno y oposición, en que votaron 7.082.079 personas de una población de 12.707.000 (de nuevo el 56 % de la población) y donde el “Sí” triunfó con el 91,25 % de los votos. ¿Qué más ratificación y saneamiento quieren?”.

Hermógenes Pérez de Arce, exdiputado, abogado y periodista (Blog de Hermógenes, 31.8.20)

“Muerte súbita”

         Se sostiene que solo los plebiscitos de entrada y salida pueden determinar la muerte súbita del proceso constituyente. Eso es un error. Hay dos causales más que podrían generar el mismo efecto. El primero es que la Convención Constituyente no proponga un proyecto de nueva Constitución dentro del plazo determinado, sea el original (de 9 meses) o su única prórroga (de 3 meses); en tal caso continuará rigiendo el texto actual. El segundo consiste en que la propia Convención Constituyente no apruebe el texto de nueva Constitución por dos tercios de los votos”.

Francisco Orrego, abogado (El Dínamo, 1.9.20)

“Frena proyectos”

        La preocupación más importante de los empresarios es la calidad de nuestro Congreso, que está gobernando pensando en los votos, más que un país mejor. También se suma el debate constitucional, donde no se conocen las reglas que nos regirán y esto frenaría muchos proyectos que harán más difícil la recuperación económica que se necesita”.

Félix de Vicente, empresario (El Mercurio, 30.8.20)

         Soy hijo del modelo. Yo no debería estar acá si hubiese sido el Chile antiguo. En el Chile antiguo yo tenía que ser junior, como mi papá. El modelo, con todos los defectos y errores que tiene, es mucho mejor que lo que habíamos tenido antes y mucho mejor que lo que ofrece la izquierda”.

“Soy hijo del modelo”

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida (El Mercurio, 23.8.20)

“Pésima política pública”

         Un eventual impuesto a los altos patrimonios sería una pésima política pública cuando se necesita resolver una tasa de desempleo gigantesca y, por tanto, la economía deberá generar esa cantidad enorme de empleo en los próximos 24 meses, para lo que se requerirán inversiones”.

Oscar Hasbún, empresario (El Mercurio, 30.8.20)

“Realismo mágico”

        Este gobierno propuso en 2018 -como lo había anunciado en su programa- una cotización adicional de cuatro puntos que sería administrada en cuentas personales y de acuerdo a la voluntad del trabajador. Al llegar al Senado, el proyecto se encontró con el realismo mágico, las cuentas “nocionales o ficticias” a las que iría a parar la cotización adicional en su totalidad, a cambio de la promesa de que se le va a reconocer en el futuro un derecho respecto de futuros beneficios. Lo notable es que mientras más se distancia la discusión -y el propio Gobierno- de su propuesta original, esa fuga es en un contexto en que la gente y sus intuiciones respaldan de manera mayoritaria y cada vez más evidente la idea central del proyecto original: cuentas personales para un ahorro previsional protegido por la garantía de la propiedad privada”.

Bettina Horst, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo (El Mercurio, 30.8.20)

“Más blindado que antes”

        La encuesta Cadem muestra que ante la consulta sobre “¿de quién cree que es la propiedad de los ahorros?”, no solo se puso fin a una tendencia a la baja que tenía la respuesta de que estos montos son de los cotizantes, sino que anotó un importante salto del 56% al 86%. Pero hay más. De acuerdo con la encuesta Criteria de esta semana, el rechazo a la estatización de los fondos de pensiones aumentó en 11 puntos en comparación con julio, pasando de 52% a 63%. Tras el retiro del 10%, el sistema de capitalización individual quedó más blindado que antes”.

Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales, U. Adolfo Ibáñez (El Mercurio, 15.8.20)

“En 2025 gasto será cero”

          El gasto en los Bonos de Reconocimiento, por el mecanismo que usó el DL 3.500 de 1980 para reconocer los aportes anteriores de los que se cambiaron al sistema de capitalización, está cerca de terminar. El presupuesto de 2019 consideró $749 millones de dólares para este propósito, que se redujeron a $ 596 millones para 2020, una caída de $153 millones equivalente a un 20%. Esta tendencia decreciente comenzó hace unos años atrás y para 2025 este gasto será cercano a cero”.

Tomás Flores, economista del Instituto Libertad y Desarrollo (El Líbero, 15.10.19)

“Más competencia”

      Hemos realizado cinco estudios de mercado sensibles y prioritarios: rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas. Las propuestas de la FNE buscan introducir mayor competencia para bajar el precio y mejorar la calidad de los bienes y servicios. Adoptar las reformas legales propuestas por la FNE implicaría que las personas o el Estado ahorrarían, cada año, entre US$ 521 y US$ 1.503 millones. El estudio de mercado de rentas vitalicias recomendaba cambios que mejoraban entre un 2,5% y un 3,5% las pensiones de los afiliados a ese sistema de jubilación, lo que significaba un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 61 y US$ 100 millones. El estudio de mercado sobre notarios propuso una reforma que rebajaría el precio de los trámites notariales entre un 88% y un 95%, lo que significaría un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 138 y US$ 149 millones. El estudio de mercado de textos escolares recomendó cambios que permitirían a una familia ahorrar al año alrededor de $87 mil por cada hijo en edad escolar, implicando un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 5,6 y US$ 19,4 millones. En el estudio de mercado de medicamentos propusimos modificaciones legales que rebajarían, como mínimo, entre un 20% y un 40% el precio actual de los medicamentos comercializados en las farmacias. Ello significaría un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 76 y US$ 380 millones. Finalmente, y ahora en el ámbito de lo estatal, la FNE acaba de proponer una reforma que le permitiría al Estado ahorrarse anualmente al menos entre US$ 240 y US$ 855 millones en sus compras”.

Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico (El Mercurio, 19.9.20)

“Chile ha resistido”

          Hemos sufrido la peor crisis de los últimos 38 años, con un impacto feroz. Sin embargo, Chile ha resistido en mejores condiciones que todos los países de la región. En efecto, según el último IPoM del Banco Central, Chile caerá este año en un rango de entre -4,5% y -5,5%, en circunstancias que las caídas regionales serán sustancialmente mayores. Asimismo, países OCDE como España, Italia, Francia e Inglaterra caerán este año sobre el 10%. Hemos resistido esta crisis en mejor forma gracias a la institucionalidad que el país construyó en el tiempo y durante distintos gobiernos. ¿Cuál ha sido la receta de Chile? La autonomía y agilidad del Banco Central; la existencia de un seguro de desempleo con recursos significativos; herramientas como el Fogape y el haber perseguido una regla de austeridad fiscal durante años, entre otros factores. Este buen manejo permitió al país disponer de recursos inmediatos para apoyar a los millones de chilenos afectados que, en caso contrario, se habrían enfrentado a esta crisis sin protección alguna. También es destacable el sistema de pensiones que entregó con eficiencia los recursos de los chilenos que los requirieron. Todos ellos son activos-país que debemos preservar para construir una sociedad resiliente, que pueda recuperar el vigor del crecimiento”.

Lorenzo Gazmuri, vicepresidente de Copec (El Mercurio, 21.9.20)