Tribuna

Julio-Septiembre 2018

Propiedad privada a los mapuches

Por Rodrigo Alamos Montero, ingeniero comercial, U. Católica y MBA, U. de Chicago

Para erradicar la pobreza indígena, desarrollar la Araucanía y eliminar la violencia es esencial que los mapuches reciban las tierras que la ley indígena les asigne con plenos derechos de propiedad privada, tal como tienen derecho todos los chilenos. Por el contrario, la ley indígena entrega las tierras en propiedad “comunitaria”.

Es decir, trata a los mapuches que viven en la Araucanía como ciudadanos de segunda categoría: les prohíbe vender sus tierras, les prohíbe arrendarlas y les prohíbe trabajarlas a trato. Pero la propiedad comunitaria de la tierra, o de cualquier bien, ha demostrado ser un desastre, especialmente para quienes se quiere beneficiar. La ley indígena debe ser reemplazada por una legislación moderna e integradora que asegure los derechos de propiedad y la libertad de emprender de los indígenas.

 

Desde 1993, el país ha gastado $ 800 millones de dólares en comprar 200.000 hectáreas de tierras agrícolas y forestales para entregarlas a comunidades mapuches sin plena propiedad privada. Siempre se confirma el principio:  “cuando dos o más personas están a cargo de algo, nadie está a cargo de nada”.

Mientras la tasa de pobreza en Chile es de 7.8%, en la Araucanía supera el 20%, constituyéndose en la región más atrasada del país. Así, la actual estrategia perpetúa la pobreza entre los mapuches y sus descendientes, y los segrega y discrimina respecto del resto de los chilenos. Además, genera incentivos para formar comunidades indígenas artificiales sin límite que demandan aún más tierras, lo que se ha transformado en un germen de conflicto y violencia en la Araucanía.

Es indispensable que, después de 25 años, el Estado ponga término, conocido por todos, al proceso de entrega de tierras. Para ello debe determinar en forma precisa el saldo de tierras que resta por adquirir. Además, las tierras deberían entregarse en propiedad privada a cada familia para que las desarrollen como estimen conveniente. De esta forma, una nueva ley indígena integrará plenamente al desarrollo del país a las familias y comunidades indígenas del sur. Recordemos que la inmensa mayoría de los mapuches vive integrado al país en ciudades a lo largo de todo Chile y solo una pequeña minoría vive en comunidades en la Araucanía. Incluso en la propia región de la Araucanía, solo el 26% de la población se reconoce mapuche.

El impacto de asignar tierras con todos los derechos que la propiedad privada supone, será mayor si se otorgan a jefes de familia, en edad de trabajarlas o administrarlas, y sin posibilidad de subdivisión que no sean las que autorice la municipalidad. Su condición de propietarios los transformará en los más importantes defensores de sus tierras lo que aislará a la minoría ideologizada que usa la violencia para crear una Nación Mapuche en guerra con la República de Chile.

Chile es un Estado moderno que integra a diversas etnias. Fueron pocos los españoles que llegaron a Chile en los siglos XVI y XVII lo cual explica un alto grado de mestizaje. En el siglo XVII, ingleses y europeos emprendieron la conquista y el desarrollo de las hoy repúblicas del Norte de América. Su meta era  librarse de persecuciones religiosas, de condiciones de miseria y labrar mejores niveles de vida a sus hijos.  Llevaban con ellos la agricultura y  la propiedad privada. Triunfaron y  la mayoría de los indígenas se incorporó al proceso de desarrollo.

Los mapuches de la Araucanía merecen, como todos los chilenos, una oportunidad para el desarrollo y la paz. Solo una reforma indígena que consolide los derechos de propiedad y promueva la libertad para emprender convertirá a los mapuches que aún viven en el mundo rural de la Araucanía en los artífices de su propio desarrollo.