Dossier Revolución Liberal

Economía y Sociedad № 93
Octubre - Diciembre 2017

El Programa de Recuperación

Económica

Discurso del ministro de Hacienda Jorge Cauas, 24 de abril de 1975

El Presidente de la República y la Honorable Junta de Gobierno me han solicitado diseñar y llevar a cabo un programa económico encaminado fundamentalmente a erradicar la inflación que ha afectado a nuestro país por más de 70 años y que en los últimos años ha sufrido una agudización extrema como consecuencia de la política económica demagógica llevada a cabo por el Gobierno anterior.

Junto a un numeroso grupo de técnicos hemos propuesto a las autoridades del país un programa de recuperación económica que ha sido aprobado y puesto en marcha. El objetivo central de este programa es detener la inflación en el transcurso de lo que resta del año. Para ello se han aprobado medidas de fondo que si bien implican continuar los sacrificios de la comunidad durante los próximos meses, traerá como compensación una estabilidad económica que permitirá un desarrollo adecuado de nuestro país, que significará, en un lapso prudencial, la erradicación de la pobreza y la incorporación de todos los chilenos a las ventajas del mundo moderno.

En esta etapa de la actual gestión económica se han alcanzado parcialmente las metas esperadas. La inflación se redujo a la mitad a partir de una situación en que la hiper inflación era inminente y en que las colas y desabastecimiento habían convertido a nuestro país en una comunidad en que todos especulaban y el trabajo directamente productivo era mínimo.

El motor de la economía, el sistema de precios, se ha corregido radicalmente y hoy día tenemos una estructura que fuerza a la actividad privada a dirigir los recursos sólo hacia aquellas actividades que son de claro beneficio social para el país. Se han hecho avances substanciales en la conformación de un comercio exterior moderno y en el diseño de un mercado de capitales que poco a poco se va pareciendo a los existentes en economías altamente evolucionadas. Se ha logrado una reducción del déficit del sector público, aunque debe reconocerse que en esta materia las cosas están todavía bastante alejadas de lo que sería deseable para una economía con estabilidad. No debe olvidarse, sin embargo, que se partió de una situación en que más de la mitad del gasto público se financiaba con simple emisión de dinero.

 

Desde el punto de vista productivo, hemos pasado de una situación de absoluto desorden a otra en que la productividad del trabajo ha subido substancialmente y en que la actividad ciudadana tiene un claro efecto productivo que deberá traducirse, en un plazo prudencial, en un nivel de bienestar superior.

 

La situación agropecuaria no sólo se ha regularizado sino que ha presentado incrementos de producción francamente notables; la producción de trigo creció en 26%, las papas 62%, los huevos 24% y el área sembrada se incrementó en 107 mil hectáreas.

 

Lo mismo debemos decir de la actividad minera, la construcción y la actividad exportadora. La producción física de cobre creció en 23%, la de hierro 9%, la iniciación de viviendas del sector privado 34%, la terminación de viviendas del sector público 32% y las exportaciones, excluyendo cobre, en más de 100%.

La industria ha normalizado su actividad productiva aunque ha presentado crecimientos disímiles. Se ha incrementado la producción de bienes para la exportación e inversión, decreciendo la de bienes de consumo con excepción de los productos alimenticios.

 

Los logros alcanzados hasta el momento han sido substanciales. Ellos, sin embargo, no llegan con claridad a la ciudadanía porque el grueso del esfuerzo productivo ha tenido que concentrarse en elevar el nivel de ahorro e inversión que se encontraba francamente deprimido como consecuencia de la política irresponsable seguida hasta el 11 de septiembre de 1973.

 

El incremento substancial de la inversión significó como es obvio una caída de los niveles de consumo a pesar de los incrementos notables en la producción.

 

La situación externa por su parte se ha traducido en pérdidas cuantiosísimas para el país como consecuencia del bajo precio del cobre y los aumentos de precio de algunas importaciones fundamentales como el petróleo. Frente a un precio normal de largo plazo del cobre de 106 centavos de dólar la libra, tenemos un promedio en lo transcurrido del año de 58 centavos. La pérdida de capital para el país se puede estimar en unos 800 millones de dólares.

 

Naturalmente, las condiciones externas están fuera de nuestro control y una política económica sana debe basarse en afectar las variables que están bajo nuestro manejo. Nuestro esfuerzo futuro debe, en consecuencia, concentrarse en el tamaño del sector público y fundamentalmente en el nivel del gasto público. Un manejo adecuado del gasto deberá traducirse en un plazo prudencial en una reducción drástica de la emisión e inflación y en un aumento de los recursos disponibles para el sector económico no estatal que necesariamente debe traducirse en un nivel de vida más adecuado para los chilenos.

 

La estructura productiva del país y las variables claves para su buen comportamiento se encuentran en buenas condiciones. Sólo falta por adecuar el nivel del gasto fiscal y de las empresas del Estado para conseguir una mayor estabilidad, y con ello, condiciones favorables para un despegue definitivo.

Las medidas económicas hoy presentadas, refuerzan la política seguida, corrigiendo sus principales deficiencias derivadas de la violenta caída del precio del cobre y la exagerada magnitud del Sector Público. Ellas deben conducir a la estabilización de la economía a fines de año, creando, en consecuencia, condiciones óptimas para un crecimiento económico acelerado. El programa de recuperación que hoy día exponemos en sus líneas generales, está dirigido a la normalización final de la economía por la vía de una reducción drástica de la inflación.

 

Las alzas de precios deberán decrecer substancialmente en el segundo semestre del presente año como consecuencia de la reducción de la emisión que se derivará de la fuerte caída del gasto público que estamos implementando.

 

Los presupuestos y programas vigentes de compras de bienes y servicios de las instituciones públicas y de las empresas del Estado serán reducidos en porcentajes que fluctúan entre un 15 y un 25 por ciento. Estas reducciones se implantarán a cualquier costo, llegando incluso a la remoción de los funcionarios que no logren comprender que la primera prioridad de la política económica es reducir la inflación.

 

Los funcionarios públicos y las empresas del Estado de todo nivel deben estar conscientes que sus particulares intereses como instituciones o como personas, a pesar de ser muy respetables, carecen de toda importancia frente a la principal preocupación de todos los chilenos, que no es otra que la inflación.

 

Junto con la reducción del gasto público se procederá a un aumento de los impuestos encaminado a equilibrar definitivamente el presupuesto fiscal. Se incrementará por el presente año el monto de los impuestos progresivos de la renta en un 10 por ciento; se aplicarán sobretasas de 10 por ciento adicionales a los bienes de consumo suntuarios; se eliminarán las exenciones del IVA, excepto aquellas que afecten al pan corriente, leche fluida, hortalizas, frutas y verduras frescas; se acelerará además el proceso de corrección de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas.

 

Queremos advertir a toda la ciudadanía que no habrá contemplaciones para los evasores tributarios y de imposiciones previsionales. La opinión pública no debe tener dudas de que los controles tributarios se incrementarán y que el evasor de cualquier categoría sufrirá fuertes multas y sanciones que incluyen presidio.

 

El Gobierno espera que con las medidas descritas el déficit fiscal llegará a ser de escasa significación en el segundo semestre del presente año y con ello tendremos la base necesaria para alcanzar una situación de inflación muy pequeña a corto plazo.

 

Es necesario dejar en claro que durante los próximos dos meses las alzas de precios continuarán como consecuencia del natural rezago que tienen las medidas de política económica. La opinión pública debe comprender que la implementación de una política drástica, como la que estamos hoy planteando, demora algún tiempo y por ello es posible garantizar una caída de la inflación durante el segundo semestre.

 

El manejo de las remuneraciones ha sido y tendrá que ser necesariamente cauteloso. De la misma manera que estamos exigiendo sacrificios a los contribuyentes, debemos solicitar la colaboración de los chilenos que viven de un sueldo o salario.

 

El Gobierno haciendo un gran esfuerzo mantendrá la política de reajuste de remuneraciones automática. Sin perjuicio de otorgar en junio el alza correspondiente al aumento del Índice de Precios al Consumidor, se dará una gratificación de E° 20.000 a fines de abril y un anticipo de E° 20.000 a fines de mayo, descontable en dos cuotas. En el segundo semestre se mantendrá el reajuste automático, adaptándolo, eso sí, a la situación de menor inflación que existirá para entonces. De cualquier manera se mantendrá el poder adquisitivo de los trabajadores y se tomarán además las medidas pertinentes para evitar el desempleo. Es decisión del Gobierno llevar a cabo la reforma previsional en la misma línea y filosofía ya planteadas por la autoridad.

 

En relación con el desempleo, se mantendrá y extenderá el programa municipal a fin de garantizar un ingreso mínimo a los trabajadores que resulten desocupados como consecuencia de la política de detención de la inflación. Se subsidiará además el empleo de mano de obra y se incentivan la producción por la vía de perfeccionar la política de fomento de exportaciones y a través de la implementación de un sistema de depreciación acelerada.

 

La política de comercio exterior hasta ahora seguida ha probado ser de gran eficiencia y en consecuencia se mantendrá.

 

El tipo de cambio se seguirá ajustando en relación con los precios internos y la estructura arancelaria sufrirá pequeñas correcciones destinadas a dar una protección razonable a la actividad nacional. Se reiteran las metas arancelarias planteadas en ocasiones anteriores por autoridades de Gobierno, es decir, que el máximo arancel vigente en 1977 será del 60 por ciento.

 

La política arancelaria del Gobierno se enmarcará dentro de los acuerdos suscritos en el Área Andina y ALALC, sin perjuicio de negociar en las instancias que corresponda aranceles como los que en este momento estamos planteando.

 

El mercado de capitales se seguirá desarrollando, incentivando en especial el ahorro a largo plazo.

 

Se efectuarán algunas reformas técnicas destinadas a igualar la tributación, encajes y condiciones de operación de los diversos intermediarios financieros y se liberará la operación de las instituciones hoy restringidas en su desarrollo como consecuencia de un inadecuado control del Estado.

 

Queremos advertir a los ejecutivos de las diversas empresas que operan en el mercado financiero que las autoridades están alertas frente a prácticas de competencia desleal y que sancionaremos de manera ejemplar a aquellos ejecutivos o empleados que difundan rumores desprestigiantes para instituciones financieras que cuentan con pleno respaldo del Estado y del Banco Central. Todos los intermediarios financieros deberán someterse cabalmente a las disposiciones legales vigentes y en proceso de elaboración.

 

Queremos reiterar que todas las operaciones financieras del sistema bancario y el SINAP están respaldadas por la garantía del Banco Central. El instituto emisor ha estado financiando los déficit de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y volverá a hacerlo todas las veces que sea necesario.

El Ministro que les habla y todos sus colaboradores no tienen dudas de que con la política económica aquí descrita a grandes rasgos, Chile dominará la inflación en el transcurso del segundo semestre de este año. Estamos asimismo convencidos que con la colaboración de toda la ciudadanía se pueden hacer mínimos y de corto plazo los efectos de esta política.

Quiero decirles a mis colegas Ministros y ejecutivos de Gobierno y de las empresas del Estado que ésta es una tarea conjunta en que ellos juegan un rol fundamental para la consecución de una efectiva reducción del gasto público. Su responsabilidad es enorme porque tendrán que llevar a cabo su función habitual sometidos a una reducción presupuestaria substancial.

 

Quiero manifestarles a todos los ciudadanos que las mejorías económicas no surgirán mañana. Permaneceremos por meses en una situación estrecha, similar a la que hoy día vivimos. Deseo además manifestarles que la experiencia mundial indica que sólo es posible un mejoramiento de los niveles de vida y de empleo si la economía ahorra e invierte y en definitiva crece.

 

La experiencia de nuestro país, como la de tantos otros, indica que nunca habrá empleo garantizado y adecuado nivel de vida mientras subsista la inflación. Nosotros detendremos la inflación y como consecuencia de ello el país crecerá, aumentará el empleo y mejorarán los niveles de vida.

 

Deseo manifestar a los empresarios cualquiera sea la condición que ellos tengan, que deberán colaborar con la política del Gobierno, a menos que deseen verse enfrentados a situaciones financieras insostenibles, que podrían ocasionar la quiebra de sus empresas.

 

La demanda deberá estar restringida, pues nos encontramos en una situación anormal. Como consecuencia de ello, cualquier persistencia en subir los precios se traducirá en acumulación de stocks que en definitiva tendrán que liquidar posteriormente con pérdidas cuantiosas.

 

En los próximos meses va a resultar un buen negocio para los empresarios creer en que la restricción de demanda existirá. Su incredulidad tradicional, que por tantas veces en el pasado pudo darles buenos dividendos, puede traducirse en los próximos meses en el fin de su actividad. El Gobierno de ninguna manera escuchará los tardíos lamentos de los que desconfíen de la presente política.

Quiero por último dirigirme a las dueñas de casa de nuestro país, que son las que en definitiva sufren con más violencia los efectos de las medidas económicas. Deseo manifestarles que lo que hoy comenzamos a hacer se dirige a resolver de una vez por todas la angustiosa situación que para los hogares significan las continuas alzas de precios. Durante algunos meses su situación va a ser difícil. Ella comenzará posteriormente a mejorar con lentitud pero con seguridad. En la medida que ello vaya ocurriendo el futuro se irá clarificando cada vez más y podrán observar con mayor nitidez que el desarrollo integral de la unidad familiar y sus componentes se garantizará crecientemente.

 

Los llamados milagros económicos no son tales. Son sólo el resultado del trabajo y el ahorro realizados en el marco de una política económica coherente. Ellos normalmente se han producido después de situaciones de agudo sacrificio de los ciudadanos.

 

Una política económica de recuperación como la actual implica sacrificios de toda la comunidad. La opinión pública debe estar alerta frente a interpretaciones demagógicas que, con seguridad, efectuarán sectores interesados.

 

Nos asiste la absoluta convicción que los grandes males económicos sólo se superan con trabajo y ahorro.

 

La etapa económica que hoy iniciamos conducirá necesariamente al término de la lucha constante de todos contra la inflación y luego a un desarrollo nunca antes conocido en el país.

 

El camino de la recuperación, a pesar de ser corto y conocido, está plagado de sacrificios y abstinencias. Debemos entrar en él con optimismo y con la esperanza cierta de que una vez traspuesto, nos encontraremos en una comunidad libre y pujante que volverá a ejercer el liderazgo que en otros tiempos tuvo en el continente y en el mundo.