(Nota EyS. En la edición anterior, la revista dio los argumentos económicos y sociales para detener lo que llamamos “la locura constituyente”. En una notable entrevista, que aquí extractamos, Gastón Gómez, integrante de la mesa técnica que hizo operativo el acuerdo del 15 de noviembre que inició el proceso constituyente, entrega los argumentos jurídicos y políticos que hacen inviable el plebiscito de octubre. Finalmente reproducimos al frente un artículo de Bojan Pancevski que plantea el gran peligro que constituyen los eventos masivos, como inevitablemente lo es un plebiscito nacional).

• Se nos viene un gran problema. Para el 25 de octubre está convocado el plebiscito. Conforme a nuestras leyes, 60 días antes que aquello tiene que haber plena libertad política. Plena. Íntegra: derecho a circulación, a reunión, plena libertad de expresión, plena libertad política de todos y cada uno de los ciudadanos. Por consiguiente, no puede estar vigente ningún Estado de Excepción Constitucional que amenace esas libertades políticas. Punto. La pregunta es si al 25 de agosto van a estar dadas esas circunstancias, no el 25 de octubre.

• La conciencia democrática del país no admite que tengamos Estados de Excepción ante un proceso así, mucho menos las medidas de restricción a las libertades. De ninguna manera. Que esté vigente un Estado de Excepción Constitucional, que haya un estado potencial de amenaza, con un jefe de plaza militar, es inaceptable democráticamente.

• Imagínate que los procesos electorales fueran impulsados en medio de estados de excepción constitucional, en que el Ejecutivo puede limitar las libertades ciudadanas. En ninguna parte del mundo, se consideraría eso como una democracia genuina.

• No me imagino seriamente que un plebiscito pueda llevarse a cabo con la gente encerrada en sus casas y pidiéndole autorización al Ejecutivo o al Presidente, o a la autoridad militar, o Carabineros, a través de la comisaría virtual, para salir a hacer campaña política. Que ni siquiera está prevista ahí. La libertad política no consiste en que la autoridad te autorice a ejercerla.

• A mi juicio, bajo el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, no es viable la campaña por el plebiscito.

• El plebiscito definirá un proceso en el que se van a debatir nuestras reglas constitucionales como nunca antes en nuestra historia. Tiene que reunir todas las condiciones de seriedad, que garanticen plena libertad política y pleno debate público de ideas.

• Y tiene que ser, ojalá, plenamente participativo. Cerca del 40% nunca ha votado o lo ha hecho una vez; hay un techo de participación. Si a eso agregas el temor de la gente a contagiarse, y sabemos que para octubre el virus no va haber desaparecido, tenemos un problema muy serio. Puede que ese referéndum no exprese con total claridad la voluntad ciudadana y tengamos uno con escasa participación, como en la primera vuelta de las municipales francesas. Eso no nos sirve de nada.

• Postergarlo seis meses más tiene complejísimas consecuencias también. Si se deja para abril, el 11 de ese mes son las elecciones municipales. Luego, seis o cinco meses después, tendríamos que hacer la elección de convencionales, en octubre del 2021.

• Apenas un mes después, el 21 de noviembre son las presidenciales. Ahí tendríamos una convención que estaría funcionando en esos días, y al mismo tiempo estaríamos eligiendo un Presidente conforme a un conjunto de reglas que estarían siendo revisadas.

• El peligro de esa colisión de fechas es que elijamos Presidente para algunos meses. Si la convención decide cambiar o modificar la duración del período presidencial, o el régimen político, introducir un régimen semipresidencial, como se ha discutido, o un régimen -más difícil- parlamentario, la convención decidiría la suerte de un Presidente durante su mandato. Si la convención decidiera alterar el régimen político, tendría que decidir cuál es el curso de esas autoridades. ¿Te imaginas?