Por Diego Sánchez de la Cruz, investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos, Madrid, España (Libre Mercado, 25.11.15)

Corría el año 1998. Las dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones tradicional aún no eran tan fuertes como en los últimos tiempos. Sin embargo, los políticos mexicanos habían tomado la decisión de adelantarse al problema y desarrollar un marco de ahorro para la jubilación basado en las aportaciones a cuentas individuales de gestión privada.

Aunque hubo quienes no estaban de acuerdo con el cambio, el arquitecto de la reforma afirmaba entonces que “instrumentar y desarrollar el sistema de pensiones de capitalización individual es la mejor noticia para México en el actual entorno de turbulencia financiera internacional”.

Quien hacía estas declaraciones era José Piñera, el economista chileno que impulsó el paso a las pensiones de ahorro privado en numerosos países del mundo. En su opinión, esta reforma estaba llamada a “fortalecer la economía, asegurar el crecimiento y permitir que los trabajadores asalariados acumulen riqueza para tener libertad y dignidad”. Las expectativas de envejecimiento reforzaban el eco del discurso de Piñera entre los políticos mexicanos. Y es que el panorama demográfico del país norteamericano muestra una evolución hacia una sociedad más longeva.

El optimismo de Piñera se ha confirmado con el paso de los años. La reforma de las pensiones empezó a fraguarse en 1992, cuando el gobierno mexicano aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. El nuevo sistema comenzó en 1997, bajo el presidente Ernesto Zedillo,  cuando las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) iniciaron operaciones y empezaron a gestionar los ahorros de los trabajadores afiliados a la seguridad social.

Cada trabajador ve retenido entre el 6% y el 8% de su salario. Según su grupo etario, las sociedades de inversión toman decisiones más o menos conservadoras. El número de cuentas administradas por las AFORES ha pasado de 14 a 52 millones de cuentas entre los años 1998 y 2014. Los activos bajo gestión suponían en primera instancia el 6% del PIB, pero hoy ya tienen un peso del 14%.

Asumiendo el caso de un trabajador medio, vemos que el 45% del patrimonio para la jubilación que acumula su cuenta de ahorro individual se ha obtenido por la vía de las rentabilidades generadas. Esto significa que por cada 55 dólares aportados ha logrado otros 45 gracias al interés compuesto que ha ido produciendo las inversiones realizadas. En los años de vigencia del sistema, y a pesar de las turbulencias financieras de la Gran Recesión, el rendimiento nominal ha sido del 12,5%, lo que se traduce en una ganancia real del 6,2% anual.

Los informes oficiales destacan que, además de evitar la crisis de las pensiones, la reforma avalada por José Piñera ha tenido otros efectos positivos para la economía del país: Fortalecimiento de la seguridad jurídica, con el acento en la protección legal de la propiedad privada; innovación financiera, con cuentas heredables, sujetas a portabilidad y a modificaciones regulares; transparencia institucional, con una mejora del gobierno corporativo y de la información financiera; aumento del ahorro y de la inversión privada, ligado además a una caída del pasivo fiscal asociado a las pensiones; y mayor estabilidad macroeconómica, con mercados de capitales más líquidos y menos dependientes del ciclo internacional.