Cuarta época

Economía y Sociedad
10 de Diciembre 2004

La tortura

Por José Piñera

1. La tortura es un acto abominable. No hay justificación alguna para atentar de esa manera cruel y cobarde contra la dignidad sagrada de la persona humana. Todo torturador viola no sólo el cuerpo, el alma y la mente del prójimo, sino también la ley y los códigos éticos de la civilización occidental.
 

2. La confusión sobre el "contexto" de la tortura debe ser aclarada. Una cosa es reconocer que existen relaciones de "causalidad" entre los eventos históricos y de allí extraer agravantes o atenuantes de las actuaciones de las actores de la vida pública . Así es lógico afirmar que la adopción por la izquierda chilena de la vía armada al poder condujo a la violación de la Constitución por el gobierno de Allende, a un estado de guerra civil, al quiebre democrático, al gobierno militar, y a la violencia represiva del estado, incluida la tortura. Se puede sostener legítimamente que si la izquierda chilena y continental no hubiera despreciado el sistema democrático, no habría habido tortura de origen político en Chile. Eso no es sino razonamiento lógico. La historia no será indulgente, ni siquiera en esta materia, con los que desencadenaron el drama chileno y latinoamericano.
 

3. Otra cosa muy distinta es intentar atenuar la condena a la tortura, como algunos lo han intentado, por haber ocurrido en un "contexto" determinado, sea éste "la Guerra Fría", el combate contra el terrorismo, o incluso la guerra civil. Es verdad que a nivel de enseñanza histórica, se puede confirmar que cada vez que han ocurrido "contextos" violentos y terrorismo ha habido tortura: gobierno británico vs IRA; gobierno español vs ETA; gobierno francés vs resistencia argelina; gobierno norteamericano vs terroristas islámicos, etc., etc. Pero esos "contextos" no son plenamente determinantes, o sea no conducen inevitablemente a la tortura. Entre el contexto y el acto individual, hay una persona con libre albedrío y conciencia, que se puede negar a torturar o a ordenar torturar, que puede resistirse a la presión del grupo enardecido o enceguecido por el odio e incluso las venganzas personales, que puede evitar degradarse él mismo y degradar a su víctima, que, cualesquiera sea su culpa si ella existiere, en ese momento está inerme y debe ser tratada de acuerdo a la ley. Por lo tanto, quien tortura no puede apelar "al contexto" para justificar sus abusivos actos.
 

4. Esta condena inequívoca a la tortura debe estar basada en principios inconmovibles y universales. Es un avance meritorio que el Ejército de Chile informe a la ciudadanía que ha emprendido una tarea educativa de sus miembros en el campo del respeto a los derechos humanos, aspirando a que "nunca más", si ocurrieren dramas similares en el futuro, se caerá en las mismas acciones ilegales. Pero, según la prensa, autoridades militares también habrían señalado que, no siendo la tortura una "doctrina" del Ejército sino un acto de responsabilidad individual de los que la ejercieron, obviamente con recursos institucionales, se había entrenado en ella a algunos comandos para la eventualidad de la captura de tropas enemigas. Considero que esta excusa envuelve un grave error. No se puede torturar a ningún chileno, ni siquiera a aquellos que le declararon la guerra a la democracia. Pero -voy más lejos- no se puede torturar a ningún argentino, peruano o boliviano, ni siquiera en una eventual guerra vecinal. Cuando todos los chilenos aceptemos también esta norma moral, se habrá erradicado definitivamente cualquier apoyo a estos métodos. No es posible compartamentalizar. Si se justifica la tortura en algunos casos o a algunos seres humanos, entonces es débil y frágil la defensa de la vida y la integridad física de todos.
 

5. Con tristeza y desilusión compruebo que el actual gobierno ha escogido en este tema un camino -aquel de las comisiones políticas- que atenta contra el debido proceso y la justicia. Cualesquiera hayan sido sus intenciones, las que no juzgo, considero que es una fórmula equivocada por, entre otras, las siguientes razones: a) se ha designado discrecionalmente por parte del gobierno de turno una comisión, la cual nace entonces carente del nivel necesario de independencia de sus mandantes; b) el staff que habría realizado gran parte del trabajo ha demostrado, en declaraciones y entrevistas, un claro sesgo político-partidista; c) se han empleado métodos que no tienen valor probatorio alguno, como lo ha destacado incluso un prestigioso historiador que fue miembro designado de las dos comisiones anteriores de derechos humanos y lo ha reconocido el propio ministro del Interior ante la perspectiva de una avalancha de demandas al Estado; d) se ha introducido un perturbador elemento monetario en un proceso no judicial y carente de contrapesos; e) se mantendrá en secreto aspectos claves del trabajo de la comisión, desde ya las identidades de víctimas y victimarios, impidiendo toda posibilidad de una revisión crítica; f) se ha permitido que, apenas conocido el informe y con uso de los significativos de medios de comunicación en manos del Estado o sus aliados circunstanciales, altas autoridades de gobierno y de los partidos políticos que lo sustentan iniciaran de inmediata una ofensiva comunicacional contra personas e instituciones claves, incluyendo la prensa y la justicia, debilitando de hecho a los contrapesos indispensables del poder ; g) se ha tolerado, en el mejor de los casos, o planificado, en el peor, que el diario de gobierno injurie y calumnie de manera infame a los máximos dirigentes de los partidos opositores, los restantes contrapesos del poder, así como a otras personalidades, incluyendo destacados empresarios e incluso a un sacerdote católico con 40 años de servicio eclesial; y, h) se ha creado, con uso y abuso de la televisión, un clima casi histérico de opinión pública en que expresar cualquier discrepancia, significa un oprobio moral, coartándose así de hecho la necesaria libertad de expresión de los ciudadanos. En fin, se puede comprobar simplemente leyendo la prensa diaria una evidente y descarada utilización del más terrible dolor humano con objetivos político-partidistas, provocando así un clima de división y odio en vísperas de una elección presidencial clave, en vez de la proclamada meta de verdad y reconciliación. En conclusión: este informe oficial carece, entonces, de legitimidad y rigor, independiente de lo que digan las tan manoseadas "encuestas", y se desperdició la oportunidad de haber intentado una visión compartida sobre la verdadera extensión y naturaleza de la tortura. Todo ello no impide para nada afirmar y reafirmar, como lo hago aquí una vez más, que todo indica que en Chile se cometió el delito de tortura por parte de agentes del Estado y que ella debe ser condenada de manera absoluta para así prevenir que vuelva a ocurrir.
 

6. Para atenuar el dolor de las víctimas, limpiar la honra de los falsamente acusados, y buscar la verdad histórica, me parece que existen dos caminos, complementarios que, pese a todo, hay que seguir explorando. El primero, es un debate cívico con altura de miras e intenciones, respetuoso de las motivaciones de todos, y riguroso en su lógica y premisas. Así se podría ir desentrañando las causas profundas que permitieron la tortura, sus consecuencias humanas, sociales y políticas, y proponiendo políticas públicas para que ello nunca más vuelva a suceder. El segundo es el camino de la verdad acreditada de la única manera posible en una sociedad civilizada: por los tribunales de justicia a través de un debido proceso. El tiempo transcurrido significa una dificultad, ya que la inmensa mayoría de estos actos habría ocurrido en 1973, en los primeros meses tras el quiebre democrático, pero no una imposibilidad. Comprendo el estupor y la indignación de las víctimas ante esta aparente realidad oficial de "tortura sin torturadores". Si existen casos fundados, el camino correcto son los tribunales de justicia. Me pregunto si el dinero público no estaría mejor usado en subsidiar los gastos de este proceso (tanto de acusadores como acusados, ya que la presunción de inocencia inicial rige para todos) y mejorar las normas procesales para que se haga, de una vez por todas, justicia en esta materia. ¿Será una buena idea haber ofrecido una pensión vitalicia a los entrevistados cuyo testimonio fue aprobado por la comisión oficial?. ¿Quieren ellos recordar cada mes cuando reciban "el cheque de la tortura" ese pasado que quisieran ir olvidando? ¿Vivir todo el resto de sus vidas con este recordatorio terrible, para ellos y sus familiares? ¿Por qué no subsidiar procesos judiciales serios, rápidos, rigurosos, de manera de llegar primero a la verdad y sólo entonces a la reparación de suma alzada? Una vez cerrados los casos judiciales, la sociedad debería ejercer algún grado razonable de clemencia a través del proceso democrático, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.
 

7. En fin, esta es mi verdad. Aclaro que la expreso con humildad, ya que estos temas son extraordinariamente complejos, sensibles y delicados. Y la ofrezco conciente de que ella es imperfecta y sujeta a clarificaciones y perfeccionamientos. Pero intuyo que estos son los derroteros de la amistad cívica, el derecho y la caridad. Creo importante que en todo aquello que tiene relación con principios (como los puntos 1 a 4), las posturas deben ser claras e inequívocas. Y en todo aquello que tiene que ver con apreciaciones contingentes (el resto), debemos mantener la mente y el corazón abierto, e intentar soluciones justas que concilien los ideales con la prudencia.