La inexplicable incapacidad del gobierno para asegurar las garantías individuales no sólo lo está enfrentando a los países más poderosos del mundo, sino que también restándole valor ético a su actuación y alejando a sus partidarios.
 

¿Cómo puede ser posible que dos jóvenes puedan ser quemados vivos en la vía pública por bandas que, al parecer, operan con impunidad no obstante los estados de excepción vigentes? ¿Por qué se mantiene exiliados a más de tres mil chilenos? ¿Por qué se persigue al terrorismo en las poblaciones con allanamientos masivos que hieren la dignidad de los cientos de miles de chilenos que allí viven? ¿Quién concibe enviar a jóvenes conscriptos con sus rostros tiznados y en tenida de guerra a vigilar sus propios conciudadanos?
 

Es evidente que Chile no es el único país donde se vulneran los derechos humanos, como se acaba de demostrar con los asesinatos masivos de miembros del Sendero Luminoso en las cárceles de Perú. También es verdad que el grado de cinismo y doble standard de la comunidad internacional en esta materia es escandaloso, como lo prueba el piadoso silencio que cubre los horrores diarios que suceden en los países comunistas.
 

Pero lo anterior es un insignificante consuelo. A Chile se le exige más precisamente porque su trayectoria se lo impone. Además, es incomprensible que un régimen que tiene la lucidez para llevar a cabo las mejores políticas económicas y sociales del continente sea incapaz de reconocer que el mundo está demasiado integrado como para aceptar que en un país como Chile se produzcan, en forma persistente, tan graves situaciones en materia de garantías individuales.
 

No basta con crear una comisión de derechos humanos, por positiva que resulte ser la iniciativa. Se requieren medidas que convenzan a los chilenos y al resto del mundo que ha ocurrido un cambio de fondo en esta materia.