Con pocos países en el mundo la naturaleza ha sido tan pródiga en riquezas minerales como con Chile. Nuestra meta como nación debe ser poner esta riqueza milenaria al servicio directo de los hombres de esta tierra, transformándola en el único capital que con certeza tiene valor permanente, el capital humano, el cual se acrecienta a través de la inversión en educación, salud y nutrición. O sea, se trata de convertir la riqueza inerte en riqueza viva. Tal es la justificación y la finalidad de los abundantes tesoros que esconden nuestras montañas, nuestros desiertos y nuestros mares.

 

La mejor herramienta de que dispone el Estado para promover la explotación de los recursos mineros es el establecimiento previo de las reglas del juego. Normas racionales, claras y coherentes constituyen la base para lograr el desarrollo acelerado de la minería.

 

El país tenía hasta 1971 un determinado orden jurídico en este campo, consagrado en el Código de Minería de 1932. Sin embargo, la Reforma Constitucional de 1971, además de expropiar la Gran Minería del Cobre, debilitó gravemente el derecho de propiedad minera. La Constitución de 1980 mantuvo el postulado introducido en 1971 de que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Pero agregó que la naturaleza precisa de la concesión minera sería materia de una ley orgánica constitucional, figura jurídica inédita en nuestro ordenamiento legal.

 

Pues bien, ayer 1° de diciembre, la Junta de Gobierno aprobó esta trascendental ley. Dentro del marco de la Constitución, el legislador ha creado un derecho de concesión vigoroso que hemos llamado la “concesión plena”. Previamente, el 26 de noviembre, el Tribunal Constitucional sentenció por unanimidad que el proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras era constitucional.

 

Con la “concesión plena” termina una década de incertidumbre en los derechos mineros. Poner término a este factor de inseguridad era un imperativo que este gobierno modernizador acometió con fórmulas creativas y justas, abriendo amplias perspectivas de inversión, empleo y progreso. Incluso se ha introducido por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un concepto moderno proveniente de la economía y de gran utilidad en la determinación del valor de un activo, como es el del valor presente de los flujos netos de caja.

 

Esta ley hará posible que la minería se convierta en el polo de desarrollo de mayor dinamismo de la economía nacional, contribuyendo así decisivamente al gigantesco esfuerzo nacional para sacar a Chile del subdesarrollo y eliminar la pobreza.