El sistema público de pensiones es el programa de mayor gasto que realiza el Estado español. En 1994, ese gasto representó un 8,5% del PIB y muestra una clara tendencia de crecimiento en el futuro, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB. En este estudio se plantean tres tesis:

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1) El actual sistema estatal de reparto va a la quiebra.

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2) El modelo de capitalización individual, administrado por el sector privado, es superior al sistema de reparto, tanto para el trabajador como para la sociedad.

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3) La propuesta que aquí se hace de transición gradual desde un sistema a otro es viable desde un punto de vista fiscal.

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Para demostrar numéricamente la primera y tercera tesis, se ha elaborado un completo modelo del sistema de pensiones español.

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Reparto hacia la quiebra

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El déficit del sistema de pensiones de reparto crecerá en forma exponencial en los próximos años hasta llegar a 5,5 billones de pesetas (de 1994) en el año 2025, es decir, de un 37% del gasto en pensiones en ese año. Si se supone que el PIB crecerá a una tasa promedio annual de un 2,5%, entonces el déficit del sistema de reparto llega a ser superior al 4% del PIB en el año 2025.

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El hecho inamovible que condena a la quiebra al sistema de reparto español, desde una perspectiva económica (incapacidad de cubrir los beneficios prometidos con sus propios recursos), es la tendencia demográfica. La declinación de la tasa de natalidad así como el progresivo envejecimiento de la población, significa que cada vez será menor la relación entre los trabajadores activos y jubilados. Como en un sistema de reparto los primeros financian las pensiones de los segundos, la carga se irá haciendo insostenible. Si se persiste en aumentar el impuesto a la contratación de trabajadores, que eso significan las elevadas tasas de cotización de la Seguridad Social, se provocará un desempleo aún mayor. El actual sistema hace imposible escapar a este dilema de hierro: o mayor desempleo o menores beneficios para los actuales y futuros jubilados.

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La capitalización es mejor

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La creación de un sistema basado en la capitalización individual, administrado por el sector privado en condiciones de competencia, genera tales beneficios que habría que hacer esta reforma incluso si el sistema de reparto fuera viable financieramente.

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Los beneficios del sistema de capitalización individual han sido destacados por múltiples publicaciones. Estos logros se han constatado en la experiencia chilena, que ya tiene quince años, y donde los resultados son elocuentes. Los beneficios pueden resumirse así: 

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Eleva las pensiones. En efecto, la rentabilidad de una cartera de inversiones de un sistema de capitalización privado será, con toda seguridad, mayor que la tasa de crecimiento de los salarios en un período de 40 años (como es bien sabido, la tasa de crecimiento de los salarios constituye el techo de un posible aumento de las pensiones en un sistema de reparto maduro).

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Incrementa el empleo. Un sistema de capitalización se financia con el ahorro obligatorio de los trabajadores, el cual en tanto es percibido como propiedad individual no constituye un impuesto a la contratación de mano de obra. Por lo tanto, se elimina una distorsión en el mercado de trabajo que obstaculiza la creación de empleos.

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Aumenta el ahorro. Al imponerse una tasa mínima de ahorro y al crearse incentivos para el ahorro adicional, es altamente probable que el resultado neto sea un incremento del ahorro nacional, especialmente si el Estado coopera reduciendo gastos superfluos como aporte al financiamiento de la transición.

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Mejora la productividad del capital. Al asignarse este ahorro a través de mercados de capitales competitivos y transparentes, sin ninguna obligación de dedicarlos a financiar el gasto público o los déficits de empresas estatales, mejora la eficiencia del proceso de ahorro-inversión de la economía.

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Potencia la tasa de crecimiento del PIB. Debido al aumento del ahorro y del empleo, así como al incremento en la productividad del trabajo y del capital.

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Reduce el poder del Estado en la economía. Al traspasar al sector privado el control de los recursos asociados a la provisión de pensiones, la reforma implica una descentralización del poder desde el Estado hacia la sociedad civil.

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Despolitiza el sistema de pensiones. Pues, más allá de la red social, el nivel de los beneficios del sistema de pensiones ya no depende de decisiones legislativas.

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Estimula una cultura laboral de ahorro y disciplina la gestión económica nacional. Como los trabajadores pueden diseñar su vida de retiro como la prefieran (edad de retiro y nivel de jubilación), esto estimula el ahorro y el esfuerzo personal como factores decisivos para lograr las metas personales para la vejez. Asimismo, el lazo que se crea entre el valor de la cuenta individual y la buena marcha de la economía, transforma a todos los trabajadores del sistema de capitalización en “vigilantes” de una buena conducción de las empresas y de la economía.

La transición es viable

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La reforma propuesta en este estudio -con una transición especialmente gradual y prudente- consiste en darle a todos los trabajadores menores de 45 años que actualmente pertenecen al sistema de pensiones de reparto, la libertad de optar por cambiarse a un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas especializadas. Los que ingresen en el futuro a la fuerza de trabajo acceden automáticamente al sistema de capitalización individual. 

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A los trabajadores mayores de 30 años que decidan cambiarse, el Estado les entrega un Bono de Reconocimiento que les compense, total o parcialmente (según la edad), por las contribuciones realizadas en el sistema de reparto. Los que deciden no cambiar de sistema, los mayores de 45 años y los actuales pensionistas, permanecen en el sistema de reparto de acuerdo con todas sus reglas, incluyendo la actualización de las pensiones.

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Se han evaluado distintos escenarios, según diferentes valores de los parámetros. En el escenario “Intermedio”, en que la tasa de crecimiento económico se eleva en un 1% por año como consecuencia del proceso iniciado por esta reforma (desde 2,5 a 3,5% anual), el costo fiscal de la transición a financiar por fuentes exógenas evoluciona de la siguiente manera durante los próximos siete años (como porcentaje del PIB): 1997: 0,12%; 1998: 0,27%; 1999: 0,37%; 2000: 0,41%; 2001 0,38%; 2002: 0,32%; 2003: 0,09% y finalmente, en el 2004 se registra el primer superávit, respecto del caso sin reforma, de un 0,12% del PIB. De ahí en adelante, este excedente crece hasta llegar a ser un 5,4% del PIB en el año 2025.

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España tiene la oportunidad de ser el país europeo pionero en resolver, de manera definitiva, la crisis del sistema de pensiones. Un sistema de capitalización individual no solo le daría una verdadera seguridad social al trabajador español, sino también una ventaja a la empresa y a la economía de España para competir en la Europa unificada del siglo XXI.