El sistema público de pensiones es el programa de mayor gasto que realiza el Estado español. En 1994 ese gasto alcanzó la suma de 5,5 billones de pesetas, lo que representó un 8,5% del PIB. Incluso con supuestos conservadores, este gasto muestra una clara tendencia de crecimiento en el futuro, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB.

 

En este estudio se plantean tres tesis:

 

-El actual sistema estatal de reparto está destinado, desde una perspectiva económica, a la quiebra.

-El sistema de capitalización individual, administrado por el sector privado, es superior al de reparto, tanto para el trabajador como para la sociedad.

-La propuesta que aquí se hace de transición gradual desde un sistema a otro es viable desde un punto de vista fiscal.

 

Para demostrar numéricamente la primera y tercera tesis, se ha elaborado un completo modelo del sistema de pensiones español. Este permite proyectar su evolución futura bajo distintos supuestos acerca de los parámetros clave que la determinan, y mostrar de manera transparente estos resultados. Así se puede obtener el modelo para cualquier conjunto de supuestos y, a la vez, simular el efecto de una reforma, con todas sus posibles variantes.

 

El sistema actual está en camino a la quiebra

 

Utilizando un conjunto de datos exógenos, como las proyecciones más recientes de población, e incorporando supuestos “razonables” acerca de la evolución de parámetros macroeconómicos cruciales, tales como el crecimiento del empleo, del Producto Interno Bruto y de las remuneraciones reales, se llega a la inequívoca conclusión de que el sistema actual no es viable en el mediano plazo, manteniendo las reglas que hoy tiene, en particular las de contribuciones y beneficios.

 

El régimen de reparto ha logrado mantener un precario equilibrio financiero en los últimos años, explicado en gran parte por el significativo incremento que han registrado las contribuciones correspondientes a los afiliados activos, y también por un mayor aporte estatal al sistema. Lo primero responde a mayores tasas de cotización y al crecimiento de los salarios, mientras que lo segundo se debe a mayores desembolsos que ha debido afrontar el fisco español como cotización de los desempleados y aporte para complementar aquellas pensiones que están por debajo de los mínimos garantizados. Es claro que las tasas de cotización no pueden seguir subiendo.

 

Por otra parte, los mayores sueldos de los últimos años se transformarán, inevitablemente (si se mantienen las reglas vigentes), en mayores pensiones en el futuro, gasto al que el régimen de reparto no podrá enfrentarse. La posibilidad de incrementar permanentemente el aporte del Estado al sistema parece altamente improbable, dada la abultada deuda pública española y el elevado déficit fiscal que se registra en la actualidad.

El déficit del sistema de pensiones crecerá en forma exponencial en los próximos años hasta llegar a 5,5 billones de pesetas (de 1994) en el año 2025, es decir, un 37% del gasto en pensiones en ese año. Si se supone que el PIB crecerá a una tasa promedio anual de un 2,5%, entonces el déficit del sistema de reparto llega a ser superior al 4% del PIB en el año 2025.

 

Es evidente que se le pueden hacer ajustes al actual sistema, en la línea de los acuerdos del llamado “Pacto de Toledo”, significando todos ellos mayores contribuciones de los actuales trabajadores o menores beneficios para los futuros jubilados, como manera de reducir este déficit. Sin embargo, de otros estudios se concluye que ninguna de las modificaciones que se han planteado en el debate público, por sí sola, consigue eliminar el déficit y mucho menos revertir su tendencia. Solo se logra atenuar su tendencia creciente.

 

El hecho inamovible que condena a la quiebra al sistema de reparto español es la tendencia demográfica. La caída de la tasa de natalidad así como el progresivo envejecimiento de la población, significa que cada vez será menor la relación entre los trabajadores activos y jubilados. Como en un sistema de reparto los primeros financian las pensiones de los segundos, la carga se irá haciendo insostenible. Si se persiste en aumentar el impuesto a la contratación de trabajadores, que eso significan las elevadas tasas de cotización de la Seguridad Social, se provocará un desempleo aún mayor.

 

El actual sistema hace imposible escapar a este dilema: mayor desempleo o menores beneficios para los actuales o futuros jubilados.

 

El modelo de capitalización individual es mejor

 

Por lo anterior, una razón para realizar una reforma al actual régimen de pensiones español es el creciente costo que el mantenimiento de este sistema le supondrá a los trabajadores, al Estado y a la economía de España. Pero es un error de perspectiva creer que esta es la única razón para realizar una reforma.

 

La segunda gran razón es que la creación de un sistema basado en la capitalización individual, y administrado por el sector privado en condiciones de competencia, genera tales beneficios que habría que hacer esta reforma incluso si el sistema de reparto fuera viable financieramente.

 

Los beneficios del sistema de capitalización individual han sido destacados por múltiples publicaciones. Estos logros se han constatado en la experiencia chilena, que ya tiene quince años, y donde los resultados son elocuentes. Los beneficios pueden resumirse de la siguiente manera:

 

Eleva las pensiones. La rentabilidad de una cartera de inversiones de un sistema de capitalización privado será, con toda seguridad, mayor que la tasa de crecimiento de los salarios en un período de 40 años (como es bien sabido, la tasa de crecimiento de los salarios constituye el techo de un posible aumento de las pensiones en un sistema de reparto maduro).

 

Incrementa el empleo. Un sistema de capitalización se financia con el ahorro obligatorio de los trabajadores, el cual en tanto es percibido como propiedad individual no constituye un impuesto a la contratación de mano de obra. Además, el sistema puede funcionar con una tasa de ahorro obligatorio muy inferior a la tasa de contribuciones que exige el sistema de reparto. Por lo tanto, se elimina una distorsión en el mercado de trabajo que obstaculiza la creación de empleos (el subsidio estatal a la pensión mínima se financia con impuestos generales).

 

Aumenta el ahorro. Al imponerse una tasa mínima de ahorro y al crearse incentivos para el ahorro adicional, es altamente probable que el resultado neto sea un incremento del ahorro nacional, especialmente si el Estado coopera reduciendo gastos superfluos como aporte al financiamiento de la transición.

 

Mejora la productividad del capital. Al asignarse este ahorro a través de mercados de capitales competitivos y transparentes, sin ninguna obligación de dedicarlos a financiar el gasto público o los déficit de empresas estatales, mejora la eficiencia del proceso de ahorro-inversión de la economía.

 

Potencia la tasa de crecimiento del PIB. Por el aumento del ahorro y del empleo, así como el incremento en la productividad del trabajo y del capital.

 

Reduce el poder del Estado en la economía. Al traspasar al sector privado el control de los recursos asociados a la provisión de pensiones, la reforma implica una gigantesca descentralización de poder desde el Estado hacia la sociedad civil.

 

Despolitiza el sistema de pensiones. Como el nivel de los beneficios del sistema de pensiones ya no depende de decisiones legislativas, esta materia deja de ser un tema permanente de discusión política, eliminando las incertidumbres de los actuales y futuros jubilados.

 

Estimula una cultura laboral de ahorro y disciplina la gestión económica nacional. Como los trabajadores pueden diseñar su vida de retiro como la prefieran (edad de retiro y nivel de jubilación), esto estimula el ahorro y el esfuerzo personal como factores decisivos para lograr las metas personales para la vejez. Asimismo, el lazo que se crea entre el valor de la cuenta individual y la buena marcha de la economía, transforma a todos los trabajadores del sistema de capitalización en “vigilantes” de una buena conducción de las empresas y de la economía.

 

La transición gradual es posible

 

Desde ya, es preciso aclarar que la reforma no consiste, como algunos equivocadamente sostienen, en transformar el actual sistema de reparto en uno de capitalización. En otras palabras, no se pretende, bajo ninguna circunstancia, crear un fondo para capitalizar el actual pasivo del sistema público de reparto.

 

La reforma propuesta en este estudio -con una transición deliberadamente gradual y prudente- consiste en darle a todos los trabajadores menores de 45 años que actualmente pertenecen al sistema de pensiones de reparto, la libertad de optar por cambiarse a un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas especializadas. Los que ingresen en el futuro a la fuerza de trabajo acceden automáticamente al sistema de capitalización individual. A los trabajadores mayores de 30 años que decidan cambiarse, el Estado les entrega un Bono de Reconocimiento que les compense, total o parcialmente (según la edad), por las contribuciones realizadas en el sistema de reparto.

 

Los que deciden no cambiar de sistema, los mayores de 45 años y los actuales jubilados, permanecen en el sistema de reparto de acuerdo con todas sus reglas, incluyendo la actualización de las pensiones.

Se supone que se traslada al nuevo sistema el 60% de los trabajadores menores de 45 años a razón de un 10% por año, a partir de enero de 1997. También se ha supuesto que el Estado captará un 50% de los recursos que manejen los fondos de pensiones, emitiendo bonos estatales a tasas de interés de mercado. El Estado podrá comenzar a amortizar esta “deuda puente” de la transición cuando disminuya el futuro gasto fiscal por pago a pensionados.

 

En el sistema de capitalización se ha calculado una tasa de contribución del 13%, inferior a la existente, de un 21,35%. Por otra parte, se ha supuesto que la diferencia entre la tasa actual de contribución al sistema de pensiones de reparto (un 21,35% para el Régimen General y de los Autónomos) y la tasa del régimen de capitalización (13%) se mantenga durante la transición, para los que se trasladan al nuevo sistema, como una “Tasa de Aporte a la Transición”.

 

Se concluye que la solución propuesta significa un ahorro de recursos fiscales en el largo plazo. En efecto, la comparación relevante es aquella con reforma. Solo hasta el año 2003 (siete años desde el comienzo del nuevo sistema), la reforma significa, en el escenario más probable (que se define como “Escenario Intermedio”), un costo fiscal superior al costo fiscal de mantener el actual sistema.

 

En efecto, en el “Escenario Intermedio”, en que la tasa de crecimiento económico se eleva en un 1% por año como consecuencia del proceso iniciado por esta reforma (desde 2,5 a 3,5% anual), el costo fiscal de la transición a financiar por fuentes exógenas evoluciona de la siguiente manera durante los próximos siete años (como porcentaje del PIB): 1997: 0,12%; 1998: 0,27%; 1999: 0,37%; 2000: 0,41%; 2001: 0,38%; 2002: 0,32%; 2003: 0,09% y, finalmente, en el 2004 se registra el primer superávit, respecto del caso sin reforma, de un 0,12% del PIB. De ahí en adelante, este excedente crece hasta llegar a ser un 5,4% del PIB en el año 2025.

 

En estos cálculos no se considera el posible efecto fiscal positivo adicional que produciría la reforma. Este se refiere a que, una vez hecha una reforma estructural del sistema de pensiones, en la línea de lo que recomiendan instituciones como el Banco Mundial y la OCDE, es casi seguro que los mercados financieros internacionales reducirán la prima de riesgo que exigen a la deuda pública española.

 

Conclusión

 

Por lo tanto, la mala noticia para España es que su actual sistema de pensiones no es viable. La buena noticia es que existe un sistema alternativo, que se ha probado que funciona, y que existen escenarios que hacen posible la transición gradual desde el actual sistema de reparto a uno de capitalización individual.

 

España tiene la oportunidad de ser el país europeo pionero en resolver, de manera definitiva, la crisis del sistema de pensiones. Un sistema de capitalización individual no solo le daría una verdadera seguridad social al trabajador español, sino también una ventaja a la empresa y a la economía de España para competir en la Europa unificada del siglo XXI.