Un lector comenta que, aunque impresionado por lo que llama la "genial solución al nudo gordiano minero", considera una lástima que esa fórmula nunca pudo probarse en la práctica, pues presume que no existieron expropiaciones mineras durante el gobierno modernizador.

 

Pues no es así. La fórmula ha sido probada en los tribunales chilenos en un fallo dictado el 26 de junio de 1986 por un juez civil de Antofagasta.

 

Resulta que en 1974 el Estado expropió la concesión minera de carbonato de calcio "El Way" con el objeto de entregársela a la Industria Nacional de Cemento S.A., entonces una filial de CORFO. Como es tradicional, transcurrió mucho tiempo sin que se fijara la indemnización hasta que en 1985 --ya publicada la Ley Constitucional Minera-- la Corte de Apelaciones de Antofagasta dictaminó que en la determinación de la indemnización debía aplicarse la norma establecida en esa ley.

 

Ante la inexistencia de un valor comercial conocido, el juez respectivo convocó a tres peritos para que calcularan el "valor presente de los flujos netos de caja".

Tras informes estimando las reservas del yacimiento, los montos requeridos de inversión, los niveles de producción y de precios, la tasa de descuento relevante, y otros factores similares, los peritos llegaron a sus cifras (dos de ellas muy similares).

Con esos antecedentes, el juez dictó su fallo haciendo expresa mención de que este se sustentaba en el mandato constitucional de compensar "el daño patrimonial efectivamente causado" y en la norma de la Ley Constitucional Minera de que, en el caso de una concesión, este es el referido Valor Presente de los flujos netos de caja.

 

En un país tan apegado a la ley como es Chile, el hecho de que se haya dictado una sentencia judicial en la cual se haya aplicado el concepto de "Valor Presente" introducido por la Ley Constitucional Minera aumenta fuertemente su estabilidad jurídica y política.

Podríamos decir que "El Way" fue un caso que, de no haber existido, habría habido la tentación de inventarlo.