​La situación es incluso peor de lo que parece a primera vista, pues la Seguridad Social solo mira el día a día de los ingresos y gastos y no evalúa el monto de sus compromisos futuros. El profesor Jagadish Gokhale, del Institute of Economic Affairs de Londres, llama esta deuda implícita “el iceberg de la deuda pública” del Estado del bienestar. En el caso de España, ha calculado que el déficit anual no declarado por pensiones y salud equivaldría a un 13,8% de nuestro PIB, año tras año, bien lejos del 3% máximo que fija la Unión Europea.

 

Incluso sin tomar en cuenta todo el “iceberg” de la política social, las pensiones de reparto están en grave riesgo por dos circunstancias. Ya he mencionado la primera, y es que las generaciones futuras puedan negarse a satisfacer las expectativas de los actuales cotizantes. La segunda es más acuciante: a medida que se amplían los años de vida escolar y se alarga nuestra esperanza de vida, los contribuyentes a la Seguridad Social forman una proporción cada vez menor respecto de los jubilados, un poco más de dos afiliados por pensionado.

 

Los defensores de las pensiones públicas de reparto se escudan en el poder fiscal del Estado. Siempre será posible, dicen, financiar las pensiones con más impuestos generales, si no alcanza a cubrirlas el impuesto sobre el empleo que son las cotizaciones de la Seguridad Social. Incluso hay quienes piden que la Constitución garantice el pago de las pensiones y la salud públicas con cargo al erario público. Imaginemos el efecto de tener que financiar un déficit público cuatro o cinco veces al hoy permitido. Ello supondría agravar los efectos negativos de la fiscalidad bajo la que ya gimen empresas, trabajadores y consumidores.

 

Los españoles deberíamos sustituir el sistema de reparto por la capitalización individual. El sistema de capitalización de las pensiones se inició con éxito en Chile hace treinta y cinco años y después se ha extendido a más de treinta países. Lo ahorrado e invertido para su pensión pertenecería a cada trabajador. Culminada la reforma, las empresas verían notablemente reducidas sus contribuciones (en España, un 21% sobre el salario), con un efecto muy positivo sobre el crecimiento nacional. Los propios fondos de pensiones, al colocar esos ahorros diversificadamente, también animarían el crecimiento.

 

No pretendo minimizar las cuestiones que plantea el paso del reparto a la capitalización. Así, en la medida en que los trabajadores ahorren para su propia pensión y no para las pensiones de los jubilados de cada momento, habrá que atender las legítimas expectativas de los afiliados en el marco del sistema actual. También habrá que garantizar una pensión mínima a quienes no hayan ahorrado lo suficiente para jubilarse holgadamente. Y habrá que vigilar la gestión de los fondos de capitalización y mantener la competencia entre ellos para evitar desfalcos.

 

Todo esto y más se estudió para España hace veinte años, cuando el Círculo de Empresarios invitó a José Piñera a escribir una detallada propuesta de reforma, que luego desgraciadamente no se puso en práctica. Entre las manos sólo nos quedaron las soluciones a corto plazo del Pacto de Toledo. Valdría la pena repetir aquel estudio, pues la reforma de las pensiones no sólo es posible, sino que es necesaria

 

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ADDENDUM.
Pedro Schwartz: "El sistema público de pensiones va camino del precipicio"