Dos años después, Margaret Thatcher impulsó la privatización de la industria eléctrica del Reino Unido guiada por el ejemplo chileno. Le siguieron Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros países del mundo que continuaron el exitoso camino trazado por Chile de abrir los mercados de la energía a la inversión privada.

Hasta 1982, dos empresas estatales, Endesa y Chilectra, que producían y distribuían energía eléctrica, perdían el 20% de la energía producida por ellas e invertían montos limitados y sujetos a enormes restricciones estatales. Mientras tanto, solo el 80% de los chilenos tenía acceso a electricidad y el consumo eléctrico ascendía a apenas 550 Kwh por persona.

Treinta y seis años después, las empresas privadas redujeron sus pérdidas a casi cero y su inversión en energía alcanzó a $100.000 millones de dólares, solo superada por los $150.000 millones de dólares invertidos en minería (ver Dossier Minería en Economía y Sociedad Nº 94). Las inversiones de las  empresas privadas eléctricas convirtieron a Chile en el único país de América Latina en que el 100% de su población tiene acceso a la electricidad y en el país que tiene el más alto consumo per cápita de la región, 3.911 Kwh, 8 veces más que antes de la privatización.

Poco tiempo después de ser privatizadas, en 1992, Enersis, ex Chilectra, y Endesa, comenzaron a transar sus acciones en la bolsa de Nueva York lo que multiplicó las oportunidades de financiar también con fondos internacionales el desarrollo energético del país y la expansión en América Latina.

Hoy, aunque con nombres diferentes, las empresas eléctricas nacidas de la privatización de la década de los 80 también alumbran a Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Lima y Bogotá. Enelam, Enel Chile, Enel Generación, Colbún, AES Gener, CGE y Engie Energía Chile, tienen un valor bursátil de $33.000 millones de dólares, el más alto de las sociedades abiertas en Chile. En Chile nació el conglomerado eléctrico de generación eléctrica más importante de América Latina.

La legislación eléctrica diseñada bajo el modelo liberal creado en 1975 por un equipo de alta solvencia técnica, y en el que destacó Bruno Philippi en su calidad de Presidente de la Comisión de Energía, introdujo modernos conceptos económicos y de tarificación. Separó a la industria eléctrica en tres mercados que tienen su propia lógica de funcionamiento y tarificación: la generación, la transmisión y la distribución.

La nueva legislación identificó a la generación como un mercado competitivo en el cual podrían invertir, a su propio riesgo, inversionistas privados, chilenos y extranjeros. Fomentar la competencia en el mercado de generación de energía garantiza una producción eficiente y de mínimo costo. A su vez, las empresas generadoras venden la energía producida a sus clientes, de los cuales la legislación separó a dos segmentos. El primero son los clientes libres que, por su gran tamaño, como empresas mineras, forestales y  agroindustriales, requieren una potencia conectada igual o superior a 5.000 Kw y, por tanto, tienen capacidad de gestión para negociar sus tarifas eléctricas con generadoras en forma directa. Recientemente, este límite disminuyó a 500 Kw, que equivale a 5.000 ampolletas de 100 watts cada una, y comprende, por ejemplo, a centros comerciales, universidades y clínicas. Para reducir costos, estos clientes tiene la opción de ser libres para contratar los precios de energía directamente con las generadoras. El otro segmento de clientes son los regulados, pequeños comercios y residencias, con potencia conectada inferior a 500 Kw y que son atendidos por las distribuidoras eléctricas.

La legislación definió a las distribuidoras eléctricas como un mercado de monopolio natural, ya que es eficiente económicamente que una sola compañía sirva una determinada zona geográfica asignada en concesión. Esta área debe ser lo suficientemente extensa como para que la empresa aproveche las economías de escala y los consumidores se beneficien de precios bajos. Además, con una sola empresa distribuidora en una zona de concesión se evita la sobre inversión y el consiguiente encarecimiento de la energía para el consumidor final.

Por su condición de monopolio natural, la legislación estableció para las compañías distribuidoras un precio regulado que tiene tres componentes, el precio de transmisión, el precio de nudo y el precio por el valor agregado de distribución.

El precio de transmisión es un costo de peaje por acceder a los sistemas troncales de transmisión. El precio de nudo incorpora el costo marginal de la energía y el costo marginal de la potencia. El costo marginal de la energía corresponde al promedio de seis meses del costo de proveer un Kwh adicional por parte de la unidad más económica disponible. Y el costo marginal de potencia corresponde al costo adicional de incrementar la capacidad de generación anual con la unidad más económica capaz de abastecer las horas del año con demanda máxima.

El precio por el valor agregado de distribución corresponde al funcionamiento de una empresa modelo eficiente de mínimo costo e incluye un cargo fijo, para cubrir los gastos de facturación y atención a los clientes, y un cargo variable, para cubrir los costos de mantención de las líneas de transmisión, los costos de operación y los costos de las nuevas inversiones. El costo de las inversiones se determina como el valor de reemplazo de los activos de una empresa modelo eficiente más un 10% de retorno sobre la inversión.

Finalmente, la legislación consideró a la transmisión de energía eléctrica como un mercado de monopolio natural con tarifas de peaje reguladas que pagan en un 20% los consumidores finales y en un 80% las generadoras.

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Este original y sofisticado sistema de organización industrial y de precios diseñado por esta nueva legislación dio al sector privado, chileno y extranjero, las señales correctas para invertir sumas sin precedentes en nuestra historia para  generar, transmitir y distribuir energía eléctrica en Chile y, desde Chile, exportar exitosamente el modelo al resto de América Latina.

Este modelo de inversión privada, que se ha mantenido estable por 36 años y ha sido mejorado por diversos gobiernos desde 1982, permitió que Chile estuviera preparado para enfrentar con éxito los desafíos energéticos y los cambios tecnológicos del siglo XXI.

Y además le permite al país aprovechar al máximo sus ventajas comparativas de nivel mundial, especialmente en energía solar, que lo pueden transformar en potencia exportadora de energía solar a América Latina. De las 10 plantas fotovoltaicas más grandes de energía de América Latina, 7 son chilenas. Chile tiene en el desierto de Atacama la mayor irradiación solar del mundo con 7.5 Kwh/m2 por día, con un potencial de capacidad de producir 100.000 MW equivalente a 5 veces la actual capacidad instalada del país. De ahí que concretar la integración Andina, via SINEA (Sistema Interconectado Eléctrico Andino), que incluye a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, es esencial para que Chile exporte energía solar, aumente la seguridad del sistema y disminuya los precios.

También esta moderna legislación permite a Chile desarrollar eficientemente el resto de las energías renovables como la eólica e hidroeléctrica. En 2018, el país logró el récord de que todas las inversiones en 33 generadoras eléctricas en construcción por $ 7.000 millones y por una capacidad de 1.839 MW corresponden a energías renovables con un 48% hidráulica, 36% eólica y 16% solar.

Adicionalmente, para el quinquenio 2017-2021, existen 250 projectos de energía por ejecutar por un monto de $65.000 millones de dólares convirtiendo por primera vez a la energía en la industria de más alta inversión privada. Entre las nuevas inversiones destacan la central solar Cielos de Tarapacá por $ 600 millones de dólares y el concentrador solar de potencia Cerro Dominador por $750 millones de dólares. Este concentrador solar, a diferencia de los parques de celdas fotovoltaicas que producen energía solo durante el día, es una tecnología que permite almacenar la energía solar en sales fundidas, producir vapor y con este mover turbinas de 110 MW para aportar energía las 24 horas del día.

Otra tendencia es que la minería incrementará su consumo por encima del 33% de la energía eléctrica  producida. La caída de las leyes requiere más energía para extraer la misma cantidad de cobre y el agua marina  utilizada será desalinizada en plantas a nivel del mar intensivas en energía tanto para desalinizarla como para bombearla hacia las faenas mineras en altura. La minería también es una actividad relevante en Perú, Ecuador, Colombia y México por lo que la integración energética con estos países atraerá aún más inversiones privadas en energías renovables de bajo costo.

Los costos de las energías renovables, abundantes en Chile, están cayendo dramáticamente en todo el mundo, incluso por debajo de los combustibles tradicionales como el petróleo y el carbón. En solo 10 años el costo de la energía solar disminuyó de $300 a $50 dólares por Mwh y ya Enel ofreció el precio de energía más abajo hasta ahora por una planta en el desierto de Atacama: $31.5 dólares por Mwh. Los costos de las centrales a carbón bordean los $60 dólares por Mwh, por encima de los costos de la energía solar, eólica e hidráulica lo que permite predecir una continua reducción del carbón, hasta su completa extinción, de la matriz energética de Chile. Hacia 2030, si no antes, la matriz energética de Chile tendría un 30% de energía solar, 29% hidráulica, 12% eólica y solo 25% térmica.

La electromovilidad es otra tendencia que Chile puede aprovechar gracias a sus ventajas comparativas energéticas y a su moderna legislación que le permite potenciarlas. El transporte mundial disminuirá su demanda por energía fósil, petróleo y carbón, e incrementará su demanda por energía eléctrica y por otros minerales energéticos como el litio del cual Chile es también el principal productor mundial.

Chile ha recorrido un largo y exitoso camino de inversión privada en energía iniciado con la revolución liberal implementada a partir de 1975. Es muy positivo que, en los últimos años, este modelo energético lo profundizara  el Ministro Máximo Pacheco (2014 - 2016) para  introducir aún mayores dosis de “competencia schumpeteriana” en las licitaciones. Los primeros pasos de la actual Ministra Susana Jiménez también van en la dirección correcta.

En un momento de grandes cambios tecnológicos en el sector, Chile cuenta con el enorme activo de un modelo energético sofisticado técnicamente, confiable para los inversionistas locales e internacionales y, además, liberado de las controversias y prejuicios partidistas que afectan a otras áreas del modelo liberal que ha convertido a Chile en el país más desarrollado y con menos pobreza de América Latina.