Australia tiene un sistema de pensiones basado en la capitalización individual llamado “Superannuation”, en el cual los trabajadores destinan el 9% de sus ingresos a cuentas personales de jubilación (tasa que aumentará al 12 % para 2025).

 

El sistema australiano fue creado en 1992, siguiendo el sistema chileno de capitalización establecido 12 años antes, en 1980.

 

El Center for Retirement Research del Boston College, dirigido por un exfuncionario del gobierno de Bill Clinton, publicó un estudio elogiándolo: “El sistema de jubilación de Australia es considerado como uno de los mejores del mundo. Ha logrado altas tasas de ahorro individual y una amplia cobertura a un costo razonablemente bajo para el gobierno”.

 

Como escribí mi tesis sobre el sistema australiano, puedo afirmar con confianza que el autor no exagera. Continúa el estudio del Boston College: “Más del 90 por ciento de los australianos empleados tienen ahorros en una cuenta de Superannuation, y el total de activos en estas cuentas ahora supera su Producto Interno Bruto. Australia ha sido extremadamente eficiente en lograr los objetivos clave de cualquier sistema de jubilación”.

 

El estudio incluye algunas críticas justificadas. El sistema puede ser manipulado por quienes buscan aprovechar la jubilación asistencial del gobierno: “La pensión por edad sujeta a verificación de medios de Australia crea incentivos para reducir los propios ‘medios’ con el fin de recibir un beneficio mayor. Esta situación es especialmente problemática porque los trabajadores pueden acceder a sus ahorros de Superannuation a los 55 años, diez años antes de ser elegibles para recibir beneficios de la pensión estatal por edad a los 65. Esta posibilidad crea un incentivo para jubilarse anticipadamente, vivir de esos ahorros hasta ser elegible para la pensión por edad y recibir un beneficio mayor, práctica que a veces se denomina ‘doble cobro’”.

 

El autor advierte que una cuenta de “contribución definida” deja al trabajador expuesto a los altibajos del mercado, mientras que una cuenta de “beneficio definido” promete un pago específico y elimina esa incertidumbre.

 

Pero el problema con las cuentas de beneficio definido es que casi inevitablemente prometen más de lo que pueden cumplir. Eso parece ser cierto tanto si se basan supuestamente en ahorros reales (como los planes de jubilación de empresas privadas), como si se basan en impuestos de reparto (como la Seguridad Social).