Tribuna

Enero - Marzo 2019

¿Arde París?

Por Samuel Gregg, director de estudios, Acton Institute (Grand Rapids, Michigan)

Desde 1789 existen buenas razones para preocuparnos cada vez que en París se desatan los disturbios. El problema central de Francia es el de un pueblo abatido por los impuestos que alcanzan al 46% del ingreso total de los franceses. La razón de tan altos impuestos es que el gasto del gobierno francés equivale a un 57% del PIB, la mayor parte dedicada a sostener un creciente Estado de Bienestar.

Otro problema clave de Francia es un código del trabajo de 3.000 páginas que limita despedir a quien tenga un contrato de trabajo indefinido, lo que desincentiva a las empresas a expandir esta clase de empleo. Así, los jóvenes se ven forzados a trabajar tiempo parcial o cambiarse de un trabajo temporal a otro. Ello les genera incertidumbre y les limita su capacidad para planificar a largo plazo y decidir cuándo casarse o tener hijos.

Entre las décadas de los 80 y 90, que marcaron el apogeo de las políticas de liberalización económica en Europa, Francia no tuvo a una figura como Thatcher. En el Índice Mundial de Libertad Económica, Francia se ubica en el puesto 71 de 180 países y, en Europa, se ubica en un vergonzoso lugar 34 de 44, entre Montenegro y Portugal.

Los políticos fracasaron en explicar a los franceses por qué se requiere liberalizar profundamente la economía. Por ello, los franceses abrazan un futuro insostenible: expandir el Estado de Bienestar, pero sin subir los impuestos. 

Por ejemplo, los dirigentes de las protestas en París demandan reducir la edad de jubilación a 60 años, intensificar la protección a las industrias francesas, incrementar el número de empleados con contrato indefinido, aumentar el sueldo mínimo,  fijar un precio máximo al arriendo, crear programas gubernamentales de empleo, nacionalizar empresas de servicios y expandir la seguridad social. Estas demandas chocan contra la realidad.


Los franceses rechazan aumentar los impuestos, pero si quieren expandir el Estado de Bienestar necesariamente deberán aumentar la carga tributaria. Por otra parte, el sistema de pensiones de reparto en Francia, basado en que la generación actual pague las jubilaciones y beneficios a la generación anterior, requiere que la expectativa de vida no continúe creciendo y que los franceses tengan más de 2,1 hijos por mujer, que es la tasa de reemplazo de la población. Pero la expectativa de vida sigue creciendo fuertemente. Y las francesas no tienen más de 1,8 hijos en promedio. Además, los altos impuestos que soportan les impide a las mujeres tener más de dos hijos, por el peso financiero que ello significa. Es un círculo vicioso.

Lejos de ser verdaderos revolucionarios, quienes incendian las calles de París buscan perpetuar el dirigismo estatal y aumentar los beneficios del Estado de Bienestar para sí mismos, sin importar el costo para las futuras generaciones. 

Las contradicciones de los incendiarios y las debilidades de los políticos enfrenta a Francia con un dilema vital. La mayoría de sus líderes están comprometidos con lo políticamente correcto, como “salvar al planeta” a costos imposibles de abordar. Gran parte de las empresas francesas están infectadas por la intrusión del Estado, pero se consuelan con que es en el “interés nacional”. Y una considerable proporción de franceses se niegan a reconocer que es incompatible un Estado de Bienestar creciente sin subir los impuestos.

 

Estas contradicciones y debilidades auguran un futuro gris para Francia. Un futuro caracterizado por protestantes aversos a la realidad y políticos vacilantes dispuestos a rendirse frente a la declinación francesa. Y, al contrario de 1958, cuando se derrumbó la cuarta república, no existe un líder con la visión estratégica y la fuerza de voluntad para revertir el dirigismo socialista y abrazar el mundo moderno que progresa con libertad económica. El socialismo de los altos impuestos y del creciente Estado de Bienestar está matando a Francia.